El área de Acción Social advierte de que la inspección de las rentas básicas no es tan fácil como parece. «El problema es que hay que confirmar las propiedades que tenga el perceptor y a veces eso no se puede», admite el concejal Jon Sustatxa. Por ejemplo, la casa de su pueblo, a nombre de familiares. Incluso en esos casos, ese patrimonio no le impediría la renta, pues el inmueble puede tener un escaso valor.
Otro caso. Los trabajadores municipales descubrieron que un beneficiario tenía doce coches, eso sí, viejos. La mitad estaba en el desguace y la otra, «sin letra en la matrícula». La tasación conjunta de los vehículos le facultaba a seguir recibiendo la ayuda.
Pero no siempre es así, a tenor de las infracciones detectadas, la experiencia de los servicios sociales y las leyendas urbanas, algunas ciertas. «Que si cochazos de lujo, que si trabaja en otro lugar, que si aparece con cadenas de oro...».
Sustatxa plantea como solución «buscar fórmulas de cruces de datos con otras haciendas», en un intento por controlar al perceptor. Además de crear unidades de gestión administrativa y de reforzar la plantilla de trabajadoras sociales, las instituciones estudian la elaboración de «una herramienta de diagnóstico social, compatible con el sistema informático municipal».
