El Gobierno vasco ha inspeccionado a lo largo del último año un total de 22.000 viviendas de protección oficial para localizar posibles casos de fraude, 10.000 pisos más de los anunciados en un primer momento por la consejería dirigida por Javier Madrazo. Los controles, iniciados a mediados de 2006, se llevan a cabo por técnicos del departamento de Vivienda y Asuntos Sociales «a pie de calle» y afectan al conjunto de pisos promovidos por el Gobierno vasco. «Hasta el momento, se ha inspeccionado el 40% del parque de viviendas protegidas existente en todo el País Vasco, tanto de los pisos en venta como de las casas en arrendamiento», según explicaron ayer fuentes del Departamento vasco de Vivienda.
No obstante, los técnicos «todavía no han elaborado el informe definitivo», por lo que de momento se desconoce la posible bolsa de fraude que se puede esconder en el mercado de los pisos protegidos.
Expropiaciones
Uno de los últimos documentos elaborados por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, señalaba que el 9% de los pisos inspeccionados en promociones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa presentaba «irregularidades constatadas». Otro de los objetivos de la campaña es «localizar viviendas protegidas que se encuentren vacías», según precisaron las mismas fuentes
Para evitar que los fraudes queden sin sanción al prescribir el delito, como ya ocurrió hace un par de años, el Gobierno vasco ha intensificado la campaña de inspecciones con un «exhaustivo control» de los pisos promovidos por el Departamento de Vivienda. La consejería que dirige Javier Madrazo ha creado este mismo año un Servicio de Inspección para hacer revisiones del parque de pisos protegidos cada dos años. Se trata de «recordarle al usuario de VPO que estamos encima».
El castigo por fraude puede llegar a ser la expropiación del inmueble, la medida más dura que prevé la Ley del Suelo. Los titulares de viviendas protegidas que hagan un uso fraudulento de la casa, se pueden quedar sin ella. De hecho, el Ejecutivo autónomo expropió el año pasado un total de ocho pisos: cinco en Álava, dos en Guipúzcoa y uno en Vizcaya. Los propietarios de las viviendas terminaron vendiéndoselas al Gobierno vasco al verse en un callejón sin salida.
