Casi la mitad de las plazas de garaje que existen bajo los nuevos edificios de Los Bolintxes se han construido «sin ajustarse» al Plan General de Santurtzi. Así lo considera un informe pericial encargado por el Juzgado de lo Contencioso de Bilbao, en el que se recoge que 264 de las parcelas ocupan «subsuelo público». El texto, pese a no ser una sentencia firme, avala la tesis del PNV, grupo que denunció en septiembre de 2004 al equipo de gobierno por ceder la propiedad de los terrenos a una promotora privada.
La urbanización de Los Bolintxes, casi concluida ya, acoge un edificio de viviendas y otro de apartamentos tutelados que están separados por una carretera. Este vial, que en el futuro servirá de enlace entre el centro de Santurtzi y la zona del puerto, está definido en el Plan General de la localidad como espacio de uso público. Su subsuelo, por tanto, también debería ser de titularidad municipal. El Ayuntamiento, sin embargo, se lo cedió a la constructora para unir los garajes de ambos bloques con nuevas parcelas.
La redelimitación de los terrenos, proyectada en 2002, permitió a la promotora ocupar, aunque bajo tierra, 1.400 metros cuadrados más de los previstos. Esta superficie, multiplicada por las cuatro plantas del parking, supuso la construcción de 264 nuevas parcelas. «Es un ejemplo de cómo el Ayuntamiento siempre ha beneficiado a las constructoras en detrimento de los vecinos», critica el portavoz del PNV, Ricardo Ituarte.
«En entredicho»
El edil nacionalista considera que una sentencia favorable a sus intereses beneficiaría ante todo al Consistorio, ya que permitiría recuperar como patrimonio público las parcelas que aún no han sido adjudicadas. «Se podrían vender a precios asequibles y el dinero, además, ingresaría en las arcas municipales», dice Ituarte, quien reclama al equipo de gobierno que haga una auditoría urbanística para detectar otras posibles irregularidades.
Mientras tanto, el concejal de Urbanismo de la localidad, Ramón Vega, resta valor al informe judicial. «El día de la vista, el perito quedó en entredicho al admitir que para elaborar su informe no tuvo en cuenta documentos oficiales como la norma complementaria o el estudio de detalle», asegura. El edil sostiene, además, que la promotora pagó por el subsuelo y que la actuación se ajusta a la legalidad y a la lógica. «Era más útil construir un solo garaje unido que no dos independientes con sus respectivas entradas y rampas de acceso que ocuparían espacio público en la superficie», defiende.
