Aquí hay algo que no cuadra. El violador del Eixample sale de la cárcel de Quatre Camins y la Generalitat avisa a sus conciudadanos de que es un peligro y que no anden con bromas que es muy mal 'ganao'. Riau, riau.
Alejandro Martínez Singul, que así se llama el ex recluso, acaba de cumplir una condena de 16 años de prisión por cinco delitos de violación, cinco de agresión sexual consumados y otros cuatro en grado de frustración, siempre a menores de edad a las que asaltaba en el portal de su casa o en el ascensor. Había sido condenado a 65 y, a pesar de que el programa especial de rehabilitación a que ha sido sometido no ha tenido éxito con él, se ha beneficiado de redenciones progresivas de la pena. Cosas del antiguo Código Penal. De Juana Chaos cumplió dos más por 25 asesinatos consumados.
Este violador del Eixample es el segundo de la dinastía. Quiere la tradición que los violadores formen dinastías, como los reyes, los toreros, los pelotaris o los verdugos, que se lo decía el académico Corcuera a Nino Manfredi en la película de Berlanga. El primer violador del Eixample fue Francisco López Maíllo, que fue excarcelado en 1998, después de cumplir 13 años por violaciones y agresiones a nada menos que 29 mujeres. Había sido condenado a 592 y murió tres años después de su excarcelación a causa de una enfermedad degenerativa.
Lo que no se puede entender es la actitud de la Generalitat. Parece una broma que el Gobierno que asume la responsabilidad sobre la seguridad y la integridad de los ciudadanos no tenga otro mensaje que: tengan cuidado ahí fuera, que hemos soltado a un mal tipo. Bueno, a decir verdad, en el florido vergel de corrección política que es Cataluña, el sintagma «mal tipo» será políticamente incorrecto.
Tal vez un violador sea una persona de moralidad difícilmente homologable y esto -su puesta en libertad- responda a las intenciones de Joan Saura, un antisistema en Interior, que anunció al principio de la legislatura «una seguridad de izquierdas y progresista». Si el violador del Eixample II reincide, tal y como advierte la Generalitat, habrá una complicidad de los poderes públicos por negligencia criminal. O debería haberla.
