Si bien en muchos casos puede explicarse por qué la ciudadanía no acude a votar, resulta incomprensible el respaldo mayoritario de ciertas personas a la política del saqueo de las arcas municipales que premia, desde las urnas, a políticos salpicados, implicados o imputados en diferentes delitos de corrupción urbanística, prevaricación, malversación u otros actos penados por nuestro Código Penal, máxime si tenemos en cuenta que en las municipales votamos más a la persona que al partido al que representa. Casos como los de Ciempozuelos, Andratx, Castellón, Orihuela, Alhaurín el Grande o Seseña nos recuerdan a lo acontecido en el Ayuntamiento de Marbella, donde las críticas y actos de repulsa de los ciudadanos hacia sus representantes sólo se produjeron cuando la judicatura comenzó a investigar y a destapar la escandalosa realidad conocida y consentida por todos. Los hechos delictivos cometidos en otros consistorios de la geografía española retratan a quien los comete, pero también a quien los consiente con su silencio, los ampara con su voto y se escandaliza a destiempo.
