El Ayuntamiento de Etxebarria ejecutó ayer la sentencia de derribo de la vivienda del marido de una ex edil del PNV en la localidad. El fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -TSJPV- en 2001, y ratificado por el Supremo tres años después, ordenaba la demolición al considerar que la construcción «no acreditaba mínimamente que guardara relación alguna con una explotación ganadera» y anulaba, por tanto, la licencia de edificación.
Con esta actuación se pone fin a un largo proceso que se remonta a 1997, cuando el esposo de la entonces edil pidió un permiso para la construcción de una vivienda unifamiliar vinculada a una explotación agraria. Para acreditarlo el solicitante presentó varios certificados ante los que el arquitecto municipal emitió un informe favorable y se aprobó la concesión en sesión plenaria.
El acuerdo salió adelante en octubre de aquel año con los votos favorables del PNV y la oposición de HB. Dos meses más tarde, la coalición abertzale interpuso un recurso contencioso administrativo en el que alegaba, entre otras motivos, que la decisión no se atenía al planeamiento urbanístico y que se daba un caso de desviación de poder al «favorecer intereses privados, porque no se acreditaban una serie de requisitos».
«Venganza redonda»
Tras el fallo de los tribunales en 2001, los posteriores recursos presentados fueron desestimados por los magistrados. Ayer, cuando los trabajadores de la empresa encargada de la demolición se personaron junto al inmueble, ubicado en la zona de Inuntze, se encontraron con una pancarta colgada en la que podía leerse la frase 'Mendeku borobila' (Venganza redonda).
Y es que la prolongación en el tiempo de este proceso, así como sus circunstancias, también han tenido una onda repercusión en una localidad de apenas 800 habitantes. Una parte de los vecinos han llegado a calificar de «venganza política» lo ocurrido.
Otros residentes, sin embargo, han exigido el derribo inmediato de la vivienda porque «la Ley está para cumplirla», recalcan. En este contexto, el pasado año se llegó a formar en el municipio una plataforma de apoyo a la familia afectada que recogió más de 300 firmas.
Sus integrantes consideraban que las sentencias habían sido «un auténtico atropello». El ambiente en el municipio se enrareció tanto por momentos que incluso el párroco de la localidad incluyó el pasado año este asunto en uno de sus sermones dominicales y solicitó a los feligreses que rebajarán el clima de «tensión» existente.
