Durante el año 2006, los cuatro juzgados vascos de menores impusieron 469 condenas para prestar servicios en beneficio de la comunidad. Igual que en años anteriores, los técnicos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social encargados de elegir dónde cumplirán la pena los chavales se encontraron con problemas para localizar entidades dispuestas a acogerles y ofrecerles ocupación. Con la intención de que esas dificultades no se repitan, el consejero Joseba Azkarraga firmó ayer convenios de colaboración con la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), con Metro-Bilbao, con Traperos de Emaús y con la Fundación Zuzenak de Álava.
Los acuerdos reflejan el compromiso de los ayuntamientos y las otras tres instituciones de ofrecer a los menores un lugar en el que cumplir su condena y de ese modo «colaborar en su inserción social», dijo Azkarraga. Porque, a su juicio, lo que se pretende con este tipo de medidas es «que el menor piense en el daño que ha causado» sin que supongan una intervención «agresiva» en su vida, como ocurre con los internamientos. De hecho, en el Ejecutivo aseguran que tras la prestación de servicios sociales el 92,3% de los jóvenes no reinciden.
También es cierto que quienes pasan por este tipo de condena no son los más problemáticos, sino aquellos con faltas o delitos menos graves relacionados, por lo general, con daños a bienes públicos, lesiones o robos. Eso sí, matizó el consejero que la prestación de servicios en beneficio de la comunidad sólo se impone cuando hay consentimiento del menor, algo frecuente ya que las alternativas suelen ser más penosas para él. Por eso, en 2006 este tipo de condenas supuso el 42% del total de medidas adoptadas por los jueces y la duración media de la prestación fue de entre 20 y 50 horas.
En lo que se refiere al contenido del trabajo, hay para casi todos los gustos. Los técnicos del Servicio de Justicia Juvenil valoran, antes de imponerle un destino al adolescente, tanto la naturaleza del delito como su domicilio pasando por sus habilidades o formación. Los ayuntamientos serán los que ofrezcan un abanico más amplio de ocupaciones, desde limpieza en zonas públicas hasta arreglos varios o asistencia en centros sociales a personas mayores o discapacitados. Otras entidades, como la Fundación Zuzenak, dedicada al fomento del deporte adaptado para discapacitados, centrará su oferta en este campo.
Los representantes del Ejecutivo y el resto de firmantes insistieron en que no se trata de cubrir puestos de trabajo con mano de obra gratuita. Los servicios que se ofertan deben prestarse en cualquier caso y la integración de menores supondrá «más un coste por el acompañamiento» que un beneficio, dicen en Emaús.
