Miércoles, 20 de junio de 2007
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ECONOMÍA

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Vizcaya aplica a Rotarex por primera vez la norma contra deslocalizaciones
La empresa, que cierra su planta de Galdakao, deberá devolver las ayudas públicas recibidas
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La Diputación de Vizcaya acordó ayer exigir a la empresa Rotarex Spain la devolución de los 15.496,36 euros de subvenciones públicas recibidas, tras la decisión de la multinacional de cerrar su planta de Galdakao. La medida fue adoptada por el consejo del Gobierno foral al entender que la firma contraviene la norma contra las deslocalizaciones empresariales, por lo que tampoco le abonará la subvención pendiente de 19.759,64 euros que le había concedido. Ésta es la primera vez que se aplica esa regulación, elaborada a raíz del cierre de la planta de Reckitt Benckiser en Güeñes y pensada para los casos de traslado de la producción a otros países con el único objetivo de abaratar costes.

El informe elaborado por los servicios de la Diputación considera que la intención de la compañía de cerrar la fábrica de Galdakao era «clara» y señala que «el gerente carecía de poderes», que habían sido traspasados a «un despacho catalán de abogados». El Ejecutivo foral desestimó las alegaciones presentadas por la empresa, que aseguró que el destino dado a las subvenciones había sido «el programado en la correspondiente solicitud» y sostuvo que la situación de la planta se debía a «situaciones de mercado y no a una eventual falta de inversión por parte del accionariado».

Desde abril

Rotarex comunicó oficialmente en abril a los trabajadores la presentación de un procedimiento concursal voluntario (suspensión de pagos) con el objeto de proceder a la clausura de las instalaciones, dedicadas a la producción de válvulas y con una plantilla de 37 personas. La firma se encuentra en fase de liquidación y pendiente de negociar las indemnizaciones con los trabajadores.

Para hoy está prevista una nueva reunión entre el comité, la administración concursal y la dirección. La plantilla se movilizará en Bilbao con el objetivo de exigir a la multinacional «indemnizaciones dignas». UGT, que representa a los empleados, cifra la reclamación en un total de dos millones de euros. El sindicato socialista aplaudió ayer la medida de la Diputación y acusó a Roterex de haber provocado pérdidas en la factoría de Galdakao para justificar su cierre.

 
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