MARGEN IZQUIERDA
Vecinos de Lutxana cuestionan la legalidad de las demoliciones de los chalés de La Orconera
Censuran al Ayuntamiento por no esperar a que los tribunales se pronunciaran sobre la operación, que permitirá edificar 800 pisos
PROTESTA. Un grupo de vecinos de Lutxana se concentró ayer ante el Ayuntamiento. / J. ALEMANY
La demolición de los centenarios chalés de La Orconera ha caído como una losa sobre las asociaciones de Lutxana. En pleno agosto, nadie esperaba que se ejecutara la anunciada desaparición de los edificios. Quien más y quien menos creía que el Ayuntamiento aguardaría a que el juez resolviera un recurso contencioso-administrativo, presentado el pasado año por la Asociación de Vecinos Villamor contra el plan para construir 800 pisos en la zona. No ha sido así y los residentes organizaron ayer una manifestación entre Lutxana y la Herriko Plaza, en la que estuvieron apoyados por concejales del PNV y ANV.
«Vemos cómo se rompen nuestros sueños, pero nos creceremos ante las adversidades», retó ayer Magdalena Ruifernández ante la treintena de personas que participaron en la marcha. Los afectados cuestionan la legalidad de la operación porque los tribunales todavía no se han pronunciado sobre su recurso. En una línea similar se expresó ayer Amaia del Campo, portavoz del PNV en el Ayuntamiento. «Si la resolución judicial declara ilegal las demoliciones, el alcalde puede haber cometido un error irreparable», subrayó la edil jeltzale, que advirtió de las «más que sospechosas prisas» del equipo de gobierno para tramitar los permisos de derribo «en pleno periodo vacacional».
El PSE, que siempre ha defendido la legalidad de las demoliciones de las casas de La Orconera, se remontó al origen del plan urbanístico para responder a la batería de críticas vertidas por la oposición y los vecinos. «Parece que a la gente se le olvida que la promoción inmobiliaria posibilitó el cierre de una industria como Plastificantes de Lutxana, que causó varios episodios contaminantes», apuntaron fuentes municipales.
Protección estructural
La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial también lamentó ayer la desaparición de los chalés, levantados entre 1891 y 1913 por ingenieros ingleses. Era el primer ejemplo de 'ciudad-jardín' de Euskadi y, en repetidas ocasiones, el colectivo había pedido su conservación. Ahora, su presidente, José Eugenio Villar, se queja de que «el Gobierno vasco y el Ayuntamiento lo hayan dejado morir».
Según Villar, los edificios tenían una protección estructural y el Consistorio «incumplió la normativa» al no reformarlos, pero los dirigentes locales lo niegan. «Seguiremos con la modernización de Barakaldo, pese a quien le pese», avisan.
«Vemos cómo se rompen nuestros sueños, pero nos creceremos ante las adversidades», retó ayer Magdalena Ruifernández ante la treintena de personas que participaron en la marcha. Los afectados cuestionan la legalidad de la operación porque los tribunales todavía no se han pronunciado sobre su recurso. En una línea similar se expresó ayer Amaia del Campo, portavoz del PNV en el Ayuntamiento. «Si la resolución judicial declara ilegal las demoliciones, el alcalde puede haber cometido un error irreparable», subrayó la edil jeltzale, que advirtió de las «más que sospechosas prisas» del equipo de gobierno para tramitar los permisos de derribo «en pleno periodo vacacional».
El PSE, que siempre ha defendido la legalidad de las demoliciones de las casas de La Orconera, se remontó al origen del plan urbanístico para responder a la batería de críticas vertidas por la oposición y los vecinos. «Parece que a la gente se le olvida que la promoción inmobiliaria posibilitó el cierre de una industria como Plastificantes de Lutxana, que causó varios episodios contaminantes», apuntaron fuentes municipales.
Protección estructural
La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial también lamentó ayer la desaparición de los chalés, levantados entre 1891 y 1913 por ingenieros ingleses. Era el primer ejemplo de 'ciudad-jardín' de Euskadi y, en repetidas ocasiones, el colectivo había pedido su conservación. Ahora, su presidente, José Eugenio Villar, se queja de que «el Gobierno vasco y el Ayuntamiento lo hayan dejado morir».
Según Villar, los edificios tenían una protección estructural y el Consistorio «incumplió la normativa» al no reformarlos, pero los dirigentes locales lo niegan. «Seguiremos con la modernización de Barakaldo, pese a quien le pese», avisan.
