EDITORIAL
Quieren matar
ETA confirmó ayer en Bilbao su firme determinación de volver a matar. El atentado con bomba lapa contra Gabriel Ginés nos devuelve a los tiempos en los que la banda trataba de aniquilar y neutralizar a todos aquellos a los que señalaba como 'enemigos de Euskal Herria'. La última vez que la banda terrorista logró consumar sus criminales propósitos con un artefacto adosado a un vehículo fue el 30 de mayo de 2003, cuando en la localidad navarra de Sangüesa acabó con la vida de los policías Julián Embid y Bonifacio Martín, sus últimas víctimas mortales hasta el asesinato de dos ciudadanos ecuatorianos en la explosión de la T-4. Ayer, Gabriel Ginés consiguió sobrevivir milagrosamente a una deflagración que le ha dejado malherido y que afectó también a otros tres ciudadanos. La profesión de la víctima, escolta del concejal del PSE de Galdakao Juan Carlos Domingo, su militancia en el PP y el hecho de que los etarras decidieran atentar a plena luz del día en las cercanías de un parque y de un colegio, certifican con un crudo dramatismo la voluntad de la banda de acosar a quienes se oponen a su violencia totalitaria, y de amedrentar al conjunto de la sociedad. Fuesen el escolta o el concejal los objetivos de ETA, el atentado debe ser interpretado como un ataque contra el sistema democrático, representado por todos y cada uno de los ediles amenazados, y también por quienes les custodian frente al terror arriesgando su propia vida. Las heridas sufridas por Gabriel Ginés testimonian así la trascendencia del compromiso que asumen cotidianamente los escoltas, una entrega profesional y personal que se ha convertido en imprescindible para tratar de contener la despiadada violencia de ETA.
Con su intento de asesinato, la banda despeja cualquier ingenua duda que pudiera albergarse sobre la gravedad de su amenaza al romper el mal llamado 'proceso de paz' y anunciar que golpearía al Estado «en todos los frentes». El hecho de que el atentado de Bilbao se produzca tras la detención el pasado jueves de la cúpula de la ilegalizada Batasuna y su posterior encarcelamiento no debería alentar la impresión de que los terroristas actúan replicando al Estado de Derecho. ETA sólo actúa guiada por su propio delirio y siempre encuentra el momento para sembrar el terror y aparentar una lógica criminal. Sería una equivocación creer que o bien la izquierda abertzale conserva algún ascendiente sobre quienes siguen empuñando las armas, o bien éstos se inquietan por el futuro de su brazo político. Se trata justamente de lo contrario: si algo demuestra la bomba lapa de ayer es que los dirigentes de Batasuna arrestados al término de una reunión en la localidad guipuzcoana de Segura se estaban preparando, precisamente, para reacomodarse a la nueva ofensiva etarra y justificarla con la acción de un discurso que amparase la misma o con la omisión del silencio cómplice.
Es la propia violencia de ETA la que refuerza no sólo la rectitud jurídica de la operación ordenada por el juez Garzón para descabezar a la cúpula abertzale frente a quienes han optado por cuestionarla con reproches estrictamente políticos y con criterios de oportunidad. También abre la posibilidad de actuar judicialmente contra aquellos portavoces radicales que, como Pernando Barrena, quisieron interpretar las detenciones como «una declaración de guerra» que iba a dar lugar a un «nuevo ciclo de violencia». Si estas declaraciones obligan a la Fiscalía a investigar su posible carácter delictivo, el cínico mutismo de EHAK y de ANV han de sumarse a los elementos indiciarios recopilados por las fuerzas de seguridad para tratar de poner fin a la inaceptable impunidad con que ambas persisten en dar cobertura al terror desde las instituciones democráticas.
El evidente seguidismo que la izquierda abertzale hace de la estrategia criminal de ETA no sólo obliga al Estado de Derecho a responder al mismo con todos los instrumentos democráticos de que dispone, contando para ello con la inexcusable unidad del Gobierno y las fuerzas políticas. Constituye, también, una apelación directa a la responsabilidad de un nacionalismo institucional tentado, nuevamente, a tender una mano a la izquierda abertzale mientras ésta amenaza, en especial, a los representantes no nacionalistas. El atentado evidencia cuán errado está el lehendakari al insistir, incluso ayer, en que los vascos serán capaces de construir su camino en paz al margen de ETA, cuando quienes utilizan las armas y aquellos que les secundan sólo pretenden perpetuar su sangrienta trayectoria en nombre de un proyecto totalitario que estuvo a punto de cobrarse una nueva víctima. Un proyecto totalitario que siempre procurará buscar cobijo bajo el rupturismo soberanista diseñado por Ibarretxe antes que renunciar definitivamente a la imposición armada del independentismo.
Con su intento de asesinato, la banda despeja cualquier ingenua duda que pudiera albergarse sobre la gravedad de su amenaza al romper el mal llamado 'proceso de paz' y anunciar que golpearía al Estado «en todos los frentes». El hecho de que el atentado de Bilbao se produzca tras la detención el pasado jueves de la cúpula de la ilegalizada Batasuna y su posterior encarcelamiento no debería alentar la impresión de que los terroristas actúan replicando al Estado de Derecho. ETA sólo actúa guiada por su propio delirio y siempre encuentra el momento para sembrar el terror y aparentar una lógica criminal. Sería una equivocación creer que o bien la izquierda abertzale conserva algún ascendiente sobre quienes siguen empuñando las armas, o bien éstos se inquietan por el futuro de su brazo político. Se trata justamente de lo contrario: si algo demuestra la bomba lapa de ayer es que los dirigentes de Batasuna arrestados al término de una reunión en la localidad guipuzcoana de Segura se estaban preparando, precisamente, para reacomodarse a la nueva ofensiva etarra y justificarla con la acción de un discurso que amparase la misma o con la omisión del silencio cómplice.
Es la propia violencia de ETA la que refuerza no sólo la rectitud jurídica de la operación ordenada por el juez Garzón para descabezar a la cúpula abertzale frente a quienes han optado por cuestionarla con reproches estrictamente políticos y con criterios de oportunidad. También abre la posibilidad de actuar judicialmente contra aquellos portavoces radicales que, como Pernando Barrena, quisieron interpretar las detenciones como «una declaración de guerra» que iba a dar lugar a un «nuevo ciclo de violencia». Si estas declaraciones obligan a la Fiscalía a investigar su posible carácter delictivo, el cínico mutismo de EHAK y de ANV han de sumarse a los elementos indiciarios recopilados por las fuerzas de seguridad para tratar de poner fin a la inaceptable impunidad con que ambas persisten en dar cobertura al terror desde las instituciones democráticas.
El evidente seguidismo que la izquierda abertzale hace de la estrategia criminal de ETA no sólo obliga al Estado de Derecho a responder al mismo con todos los instrumentos democráticos de que dispone, contando para ello con la inexcusable unidad del Gobierno y las fuerzas políticas. Constituye, también, una apelación directa a la responsabilidad de un nacionalismo institucional tentado, nuevamente, a tender una mano a la izquierda abertzale mientras ésta amenaza, en especial, a los representantes no nacionalistas. El atentado evidencia cuán errado está el lehendakari al insistir, incluso ayer, en que los vascos serán capaces de construir su camino en paz al margen de ETA, cuando quienes utilizan las armas y aquellos que les secundan sólo pretenden perpetuar su sangrienta trayectoria en nombre de un proyecto totalitario que estuvo a punto de cobrarse una nueva víctima. Un proyecto totalitario que siempre procurará buscar cobijo bajo el rupturismo soberanista diseñado por Ibarretxe antes que renunciar definitivamente a la imposición armada del independentismo.
