SOCIEDAD
Londres apuesta por la energía nuclear con la construcción de 20 reactores
La decisión del Gobierno británico ha provocado fuertes críticas de los ecologistas y de una comisión de científicos
Reino Unido dará luz verde previsiblemente, la próxima semana, a un ambicioso programa para la expansión de la energía nuclear, que plantea la construcción de una nueva generación de centrales. El proyecto gubernamental ha recibido fuertes críticas por parte de numerosos actores sociales. Un destacado grupo de científicos y académicos calificaba ayer el plan de «ilegal» y «antidemocrático», según publicaba 'The Guardian'. La organización ecologista Greenpeace podría llevar el proyecto a los tribunales.
La apuesta del Gobierno británico por la energía nuclear es contundente. El primer ministro Gordon Brown está convencido, como lo estaba su predecesor Tony Blair, de que ésta es la estrategia «necesaria para asegurar el suministro energético y reducir las emisiones de CO2». Además, representa una alternativa ante el «peligroso riesgo económico y estratégico» que supone la dependencia en el abastecimiento de gas y petróleo de otras potencias, dispuestas a utilizar sus «recursos energéticos como un instrumento político».
La mayoría de las 10 centrales y 19 reactores nucleares operativos actualmente en el Reino Unido quedarán obsoletos para 2025. El proyecto gubernamental preveé la construcción de 20 reactores y el levantamiento de nuevas centrales, que serán financiados por empresas privadas.
Pero los planes del Ejecutivo, si finalmente se aprueban, como todo parece indicar, tendrán que superar primero poderosas resistencias. Una comisión de científicos, entre los que se encuentran 17 economistas de reconocidas universidades británicas y varios asesores independientes del Gobierno, ha hecho público un informe en el que critica con dureza la estrategia gubernamental. Según este informe, el Ejecutivo no da respuesta en su proyecto a temas claves en el debate energético, como los «riesgos radioactivos» que éste implicaría, la solución a los residuos nucleares o la «vulnerabilidad ante un posible atentado terrorista».
Los científicos, además, cuestionan el supuesto apoyo popular del proyecto gubernamental. Una consulta pública desarrollada en los últimos meses daba el visto bueno a los nuevos planes energéticos. De entre las más de 2.0000 personas encuestadas, el 44% apoyó la apuesta por la energía nuclear en Reino Unido, frente a un 36% que la rechazó. Sin embargo, el informe apunta que los métodos utilizados en estas encuestas «no fueron los adecuados». «No se formularon preguntas fundamentales», explicó el portavoz de la comisión, Paul Dorfman.
Trabas
En la misma línea, Greenpeace criticó el proceso consultivo, por considerar que las preguntas de la encuesta eran «tendenciosas» y la información presentada a los encuestados en diferentes vídeos «parcial e imprecisa». La organización ecologista ha presentado una queja ante la Comisión para la Calidad de los Estudios de Mercado, alegando que la empresa consultora «rompió los códigos de conducta».
Greenpeace podría llevar el caso a los tribunales. Un portavoz, señaló que están «esperando cuál será la respuesta final del Gobierno la semana que viene» para decidir si «vuelven a recurrir a un juez». El pasado febrero, un tribunal declaró «ilegal» una encuesta previa del Ejecutivo, por lo que se tuvo que volver a realizar el proceso consultivo. Un nuevo procedimiento judicial podría retrasar el inicio de la construcción de centrales nucleares un año más.
La apuesta del Gobierno británico por la energía nuclear es contundente. El primer ministro Gordon Brown está convencido, como lo estaba su predecesor Tony Blair, de que ésta es la estrategia «necesaria para asegurar el suministro energético y reducir las emisiones de CO2». Además, representa una alternativa ante el «peligroso riesgo económico y estratégico» que supone la dependencia en el abastecimiento de gas y petróleo de otras potencias, dispuestas a utilizar sus «recursos energéticos como un instrumento político».
La mayoría de las 10 centrales y 19 reactores nucleares operativos actualmente en el Reino Unido quedarán obsoletos para 2025. El proyecto gubernamental preveé la construcción de 20 reactores y el levantamiento de nuevas centrales, que serán financiados por empresas privadas.
Pero los planes del Ejecutivo, si finalmente se aprueban, como todo parece indicar, tendrán que superar primero poderosas resistencias. Una comisión de científicos, entre los que se encuentran 17 economistas de reconocidas universidades británicas y varios asesores independientes del Gobierno, ha hecho público un informe en el que critica con dureza la estrategia gubernamental. Según este informe, el Ejecutivo no da respuesta en su proyecto a temas claves en el debate energético, como los «riesgos radioactivos» que éste implicaría, la solución a los residuos nucleares o la «vulnerabilidad ante un posible atentado terrorista».
Los científicos, además, cuestionan el supuesto apoyo popular del proyecto gubernamental. Una consulta pública desarrollada en los últimos meses daba el visto bueno a los nuevos planes energéticos. De entre las más de 2.0000 personas encuestadas, el 44% apoyó la apuesta por la energía nuclear en Reino Unido, frente a un 36% que la rechazó. Sin embargo, el informe apunta que los métodos utilizados en estas encuestas «no fueron los adecuados». «No se formularon preguntas fundamentales», explicó el portavoz de la comisión, Paul Dorfman.
Trabas
En la misma línea, Greenpeace criticó el proceso consultivo, por considerar que las preguntas de la encuesta eran «tendenciosas» y la información presentada a los encuestados en diferentes vídeos «parcial e imprecisa». La organización ecologista ha presentado una queja ante la Comisión para la Calidad de los Estudios de Mercado, alegando que la empresa consultora «rompió los códigos de conducta».
Greenpeace podría llevar el caso a los tribunales. Un portavoz, señaló que están «esperando cuál será la respuesta final del Gobierno la semana que viene» para decidir si «vuelven a recurrir a un juez». El pasado febrero, un tribunal declaró «ilegal» una encuesta previa del Ejecutivo, por lo que se tuvo que volver a realizar el proceso consultivo. Un nuevo procedimiento judicial podría retrasar el inicio de la construcción de centrales nucleares un año más.
