EL CONCIERTO ECONÓMICO EN EL BANQUILLO
Las claves del proceso
Guía para seguir el juicio más importante que afronta el jueves en Luxemburgo el pilar del autogobierno vasco
PARA LA HISTORIA. Enero de 1981. Rodeados de una gran expectación, Jaime García Añoveros y Pedro Luis Uriarte encabezaron las delegaciones que firmaron en Madrid el Concierto Económico. / EL CORREO
El Concierto Económico ha acabado en la mesa del Tribunal de Luxemburgo, después de una dilatada controversia y numerosos procedimientos judiciales, muchas veces contradictorios. Estas son las principales claves del proceso y también los hechos más destacados que han conducido a esta norma hasta la Corte europea.
La Corte comunitaria deberá decidir si las diputaciones y las Juntas Generales del País Vasco tienen capacidad para aprobar impuestos diferentes a los que estén vigentes en el resto de España. La decisión se va a centrar en el Impuesto de Sociedades, que ha sido objeto de controversia durante dos décadas.
Las partes que se han personado ante el Tribunal de Luxemburgo para defender esa capacidad de las diputaciones son, además de estas instituciones, los gobiernos de España, Reino Unido e Italia, así como la patronal vasca Confebask y la Cámara de Comercio de Bilbao.
Defienden la coexistencia de regímenes fiscales distintos dentro de un mismo Estado para proteger también sus intereses en Gibraltar y Sicilia, respectivamente.
Los que piden al Tribunal Europeo que deniegue a las diputaciones su capacidad normativa son los gobiernos autonómicos de Castilla y León, La Rioja, la Unión General de Trabajadores de esta última región y, en especial, la Comisión Europea. El organismo comunitario es el que se ha mostrado más duro contra el peculiar sistema fiscal vasco.
La Comisión no quiere que proliferen las competencias en materia fiscal en el continente, ya que eso va en contra de su estrategia de armonización fiscal y de unificación de los regímenes tributarios europeos. Una estrategia en la que, además, hasta ahora sólo ha cosechado sonoros fracasos, por las reticencias planteadas por numerosos países a ceder esta competencia.
Ha sido el Tribunal de Justicia del País Vasco el que ha 'movido ficha' y ha planteado la pregunta al Tribunal de la UE, mediante un mecanismo conocido como 'Cuestión Prejudicial'. Con ello, pretende acabar con el 'baile' de interpretaciones que se han sucedido durante los últimos años respecto a la capacidad normativa de las haciendas forales.
Se ha completado ya la fase escrita del procedimiento. Todas las partes personadas han remitido al Tribunal sus alegaciones, en la que exponen su posición sobre el tema. El día 28 se celebrará una vista pública en la sede de la Corte europea en Luxemburgo. Además de los abogados que representan a las partes, también intervendrá una abogado general, que ejerce unas funciones similares a las de la Fiscalía en el sistema judicial español. Este papel será ejercido por la alemana Juliane Kokott.
Desde la aprobación del Concierto Económico, en el año 1981.
Los primeros problemas serios comenzaron en la primera mitad de la década de los 90, después de que las diputaciones aprobasen reformas muy agresivas, con rebajas fiscales importantes, para intentar reanimar la inversión empresarial después de una profunda crisis industrial. A partir del año 1996, tras la llegada del PP al Gobierno central, se disparó el número de recursos judiciales contra la aplicación del Concierto. La 'madre de todos los problemas', sin embargo, llegó en enero de 2005, cuando, en España, el Tribunal Supremo declaró ilegal el Impuesto de Sociedades vigente en el País Vasco. Entonces, con un tipo de gravamen del 32,5% frente al 35% que se aplicaba en el resto del país. Incluso, el alto Tribunal determinó que cualquier variación respecto al vigente en el Estado podía ser considerada como una ayuda pública. Ese procedimiento que acabó en el Supremo había sido instado por los gobiernos regionales de La Rioja y Castilla y León, así como por la Unión General de Trabajadores de La Rioja.
Además de algunos procesos puntuales por la concesión de ayudas a empresas, como fue el caso de Ramondín y Daewoo, el Tribunal ha enjuiciado recientemente los principales incentivos fiscales que estuvieron vigentes durante la década de los años 90 para impulsar la inversión empresarial. Aún no se ha pronunciado la sentencia.
El más importante es una sentencia del propio Tribunal de la UE de mediados de 2006, conocida como 'caso Azores', en la que admitía la posibilidad de que dentro de un Estado convivan regímenes fiscales distintos, a condición de que se cumplan determinadas condiciones legales y financieras. Condiciones que, al menos sobre el papel, se cumplen en el caso de Euskadi.
La posición en contra del Concierto protagonizada por la Comisión Europea es, probablemente, el factor fundamental. Algunos expertos jurídicos apuntan también como factor preocupante la actitud «imprudente» del Gobierno vasco durante el último año, en sus reclamaciones de fondos al Ejecutivo central, ya que el flujo financiero entre ambas administraciones es uno de los elementos a estudio. Tampoco es desdeñable el informe emitido en 1999 por el abogado general Sagio, que contenía una carga de profundidad demoledora para el Concierto. En síntesis, establecía que el sistema fiscal vasco era de 'segunda división' y que cualquier descenso en los impuestos debía ser considerado como ayuda de Estado y, por tanto, sometido a un severo control por parte de la UE. Una negociación de urgencia entre PNV Y PP, entonces en el Gobierno central, permitió la retirada de los recursos judiciales que habían originado la apertura de la cuestión prejudicial en Luxemburgo. De esa forma se evitó el pronunciamiento por parte de la Corte comunitaria, que se intuía ya como un auténtico mazazo para el entramado institucional vasco. El 'caso Azores' permitió albergar esperanzas de que ahora el sentido de la sentencia pueda ser favorable.
No hay una fecha fija y habrá que esperar varios meses para ello. Antes de la sentencia se conocerá un documento trascendente, el informe de la abogada general Juliane Kokott, que permitirá intuir el resultado. En el 80% de las ocasiones, el Tribunal de la UE acepta como buena la decisión que propone el abogado general.
Si el Tribunal rechaza que el sistema fiscal vasco pueda tener la calificación de 'general', se produciría una fractura trascendental sobre uno de los pilares básicos del entramado institucional vasco. Los expertos consideran que sería «muy difícil» encontrar una solución para remediar el problema.
La Corte comunitaria deberá decidir si las diputaciones y las Juntas Generales del País Vasco tienen capacidad para aprobar impuestos diferentes a los que estén vigentes en el resto de España. La decisión se va a centrar en el Impuesto de Sociedades, que ha sido objeto de controversia durante dos décadas.
Las partes que se han personado ante el Tribunal de Luxemburgo para defender esa capacidad de las diputaciones son, además de estas instituciones, los gobiernos de España, Reino Unido e Italia, así como la patronal vasca Confebask y la Cámara de Comercio de Bilbao.
Defienden la coexistencia de regímenes fiscales distintos dentro de un mismo Estado para proteger también sus intereses en Gibraltar y Sicilia, respectivamente.
Los que piden al Tribunal Europeo que deniegue a las diputaciones su capacidad normativa son los gobiernos autonómicos de Castilla y León, La Rioja, la Unión General de Trabajadores de esta última región y, en especial, la Comisión Europea. El organismo comunitario es el que se ha mostrado más duro contra el peculiar sistema fiscal vasco.
La Comisión no quiere que proliferen las competencias en materia fiscal en el continente, ya que eso va en contra de su estrategia de armonización fiscal y de unificación de los regímenes tributarios europeos. Una estrategia en la que, además, hasta ahora sólo ha cosechado sonoros fracasos, por las reticencias planteadas por numerosos países a ceder esta competencia.
Ha sido el Tribunal de Justicia del País Vasco el que ha 'movido ficha' y ha planteado la pregunta al Tribunal de la UE, mediante un mecanismo conocido como 'Cuestión Prejudicial'. Con ello, pretende acabar con el 'baile' de interpretaciones que se han sucedido durante los últimos años respecto a la capacidad normativa de las haciendas forales.
Se ha completado ya la fase escrita del procedimiento. Todas las partes personadas han remitido al Tribunal sus alegaciones, en la que exponen su posición sobre el tema. El día 28 se celebrará una vista pública en la sede de la Corte europea en Luxemburgo. Además de los abogados que representan a las partes, también intervendrá una abogado general, que ejerce unas funciones similares a las de la Fiscalía en el sistema judicial español. Este papel será ejercido por la alemana Juliane Kokott.
Desde la aprobación del Concierto Económico, en el año 1981.
Los primeros problemas serios comenzaron en la primera mitad de la década de los 90, después de que las diputaciones aprobasen reformas muy agresivas, con rebajas fiscales importantes, para intentar reanimar la inversión empresarial después de una profunda crisis industrial. A partir del año 1996, tras la llegada del PP al Gobierno central, se disparó el número de recursos judiciales contra la aplicación del Concierto. La 'madre de todos los problemas', sin embargo, llegó en enero de 2005, cuando, en España, el Tribunal Supremo declaró ilegal el Impuesto de Sociedades vigente en el País Vasco. Entonces, con un tipo de gravamen del 32,5% frente al 35% que se aplicaba en el resto del país. Incluso, el alto Tribunal determinó que cualquier variación respecto al vigente en el Estado podía ser considerada como una ayuda pública. Ese procedimiento que acabó en el Supremo había sido instado por los gobiernos regionales de La Rioja y Castilla y León, así como por la Unión General de Trabajadores de La Rioja.
Además de algunos procesos puntuales por la concesión de ayudas a empresas, como fue el caso de Ramondín y Daewoo, el Tribunal ha enjuiciado recientemente los principales incentivos fiscales que estuvieron vigentes durante la década de los años 90 para impulsar la inversión empresarial. Aún no se ha pronunciado la sentencia.
El más importante es una sentencia del propio Tribunal de la UE de mediados de 2006, conocida como 'caso Azores', en la que admitía la posibilidad de que dentro de un Estado convivan regímenes fiscales distintos, a condición de que se cumplan determinadas condiciones legales y financieras. Condiciones que, al menos sobre el papel, se cumplen en el caso de Euskadi.
La posición en contra del Concierto protagonizada por la Comisión Europea es, probablemente, el factor fundamental. Algunos expertos jurídicos apuntan también como factor preocupante la actitud «imprudente» del Gobierno vasco durante el último año, en sus reclamaciones de fondos al Ejecutivo central, ya que el flujo financiero entre ambas administraciones es uno de los elementos a estudio. Tampoco es desdeñable el informe emitido en 1999 por el abogado general Sagio, que contenía una carga de profundidad demoledora para el Concierto. En síntesis, establecía que el sistema fiscal vasco era de 'segunda división' y que cualquier descenso en los impuestos debía ser considerado como ayuda de Estado y, por tanto, sometido a un severo control por parte de la UE. Una negociación de urgencia entre PNV Y PP, entonces en el Gobierno central, permitió la retirada de los recursos judiciales que habían originado la apertura de la cuestión prejudicial en Luxemburgo. De esa forma se evitó el pronunciamiento por parte de la Corte comunitaria, que se intuía ya como un auténtico mazazo para el entramado institucional vasco. El 'caso Azores' permitió albergar esperanzas de que ahora el sentido de la sentencia pueda ser favorable.
No hay una fecha fija y habrá que esperar varios meses para ello. Antes de la sentencia se conocerá un documento trascendente, el informe de la abogada general Juliane Kokott, que permitirá intuir el resultado. En el 80% de las ocasiones, el Tribunal de la UE acepta como buena la decisión que propone el abogado general.
Si el Tribunal rechaza que el sistema fiscal vasco pueda tener la calificación de 'general', se produciría una fractura trascendental sobre uno de los pilares básicos del entramado institucional vasco. Los expertos consideran que sería «muy difícil» encontrar una solución para remediar el problema.
