El Correo Digital

La vista oral celebrada ayer en Luxemburgo confirmó algunas sospechas y, a la vez, defraudó un poco las expectativas suscitadas. Las intervenciones de las partes enfrentadas, aunque eran previsibles, confirmaron las respectivas líneas de ataque y defensa. Los representantes de Castilla y La Rioja atacaron la responsabilidad fiscal y cuestionaron la ausencia de riesgo en la recaudación al aducir que, en realidad, el Estado sí acude en ayuda de las diputaciones utilizando los incomprensibles cálculos internos del Cupo. Tengo la impresión de que esa línea de ataque, por la vía indirecta del Cupo, se va a poner de moda en los próximos meses. Las estimaciones publicadas, elaboradas por personas e instituciones ajenas al País Vasco, apuntan a una disponibilidad de gasto público por habitante apabullantemente superior a la media del Estado, sin que nadie aquí haya sido capaz de ofrecer otras contradictorias. El problema es grave ya que si consiguen vender la idea de que, vía Cupo, se alteran a nuestro favor los flujos de dinero público y se crean situaciones de injusticia manifiesta, el problema se va a centrar en esto y nadie se va a preocupar del ejercicio de la capacidad normativa, que es lo que hasta ahora nos había ocupado.

Pero nos quedamos con las ganas de oír la intervención de la abogada general, que se mantuvo en silencio y pospuso su intervención para el mes de mayo. Su posición es muy relevante, pues acostumbra a adelantar el sentir y la intención del tribunal. Se diría que a los jueces supremos europeos les supera la complejidad económica de los asuntos que deben dirimir y tampoco quieren mediar entre las graves implicaciones políticas que llevan implícitas. Considerando que en el 80% de los casos siguen y aceptan las conclusiones de los abogados generales, la única alternativa viable sería suponer que son la reencarnación de Salomón.