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Un silencio que abona la incertidumbre
La abogada general no intervino ayer y se comprometió a pronunciarse «antes del 15 de mayo»

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Un silencio que abona la incertidumbre
MUTISMO. Juliane Kokott.
Tan sólo abrió la boca en una ocasión durante las cuatro horas que duró el juicio. Fue a preguntas del presidente del tribunal, que reclamaba una estimación de tiempo, para comprometerse a que su informe estará entregado «antes del 15 de mayo». Juliane Kokott, la abogada general asignada al caso y cuya opinión será trascendente en la decisión final -el 80% de las sentencias de la Corte de la UE siguen la línea marcada por esta figura, que guarda una cierta similitud con el fiscal del ordenamiento español- no desveló ninguno de sus pensamientos.

Las intervenciones del abogado general en las vistas, aseguran los expertos en la curia comunitaria, suelen servir para intuir cuál va a ser la decisión. Las preguntas, incluso sus gestos, pueden ayudar a interpretar de qué lado se inclina. Ayer Kokott no transmitió nada, ni siquiera con sus gestos. La jurista germana, que forma parte de la plantilla del Tribunal de la UE desde 2003, apenas si modificó su semblante serio, pero sereno, en una ocasión. Y fue para esbozar una nada disimulada sonrisa cuando el letrado que representaba a la Comisión Europea acusó de «haber cometido un exceso» en su informe al abogado general que informó sobre el 'caso Azores'.

Bien es verdad que a veces las apariencias engañan. En 1996, cuando la Corte la UE analizó el Concierto -al igual que ahora, como consecuencia de una 'cuestión prejudicial' planteada por el Tribunal Superior vasco-, la intervención en la vista del abogado general del caso, de apellido Saggio, dejó encantados a los representantes de la delegación vasca. Pero su informe, meses más tarde, fue demoledor, al calificar al sistema fiscal de Euskadi de 'segunda división' y, por tanto, necesitado de extrema vigilancia por parte de las autoridades comunitarias.

¿Por qué no habló Kokott?, se preguntaban algunos ayer. «No era necesario, lo tiene completamente claro», respondían otros. Lo malo es que esta respuesta se podía encontrar a ambos lados de la línea que separa a los que están contra de la capacidad de las diputaciones para aprobar normas fiscales y quienes la defienden.

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