EDITORIAL
Recuerdo de justicia
La conmemoración del cuarto aniversario de la matanza del 11-M permitió ayer recordar el mayor atentado terrorista que haya tenido lugar sobre suelo europeo, y uno de los más sangrientos de cuantos ha perpetrado el yihadismo desde la aparición de Al-Qaida a finales de los 90. Pero sobre todo fue una oportunidad para que la opinión pública recordara que las víctimas del terrorismo no constituyen una mera categoría de uso más o menos partidario, o de obligada evocación en determinados momentos. Junto a los deudos de las 191 personas asesinadas en masa en los trenes por los terroristas islamistas, las mujeres y hombres que aún hoy tratan de curar sus heridas físicas y psicológicas constituyen el testimonio de la magnitud de aquella masacre. El relato de algunas de estas víctimas, reviviendo aquellos pavorosos instantes con la entereza de quien sabe que jamás podrá olvidarlos, concedió a la jornada su valor auténtico como recuerdo colectivo.
Frente a ese relato, resulta deplorable que persistan en su obsesión quienes se obstinaron en cuestionar la solvencia de la instrucción judicial del caso alimentando una delirante teoría de la conspiración y aún ayer continuaron poniendo en solfa los fundamentos de la sentencia del 11-M. La amenaza del terrorismo yihadista está demasiado presente en los países de mayoría musulmana y en las sociedades occidentales como para que la atención y la energía de la sociedad acaben dispersándose entre presunciones sin fundamento y la extensión de un manto de sospecha que afecta a las instituciones del Estado de Derecho. Las elucubraciones sobre las intenciones políticas inmediatas de sus brutales atentados o sobre sus fines últimos, que se aprovechan del carácter siempre enigmático de este tipo de terrorismo, no sólo tienden a minusvalorar su naturaleza eminentemente fanática y destructiva. Generan asimismo un nefasto desconcierto que en España ha conseguido afectar a una parte nada desdeñable de la opinión pública, lo que supone una excepción en los países democráticos que se han visto afectados por el terrorismo islamista. La amenaza yihadista resulta tan patente que precisa aunar todos los esfuerzos civiles e institucionales en una lucha sin cuartel contra la misma. Un compromiso compartido que encuentra en la memoria de los masacrados el 11 de marzo de 2004 su razón de ser más inexcusable.
Frente a ese relato, resulta deplorable que persistan en su obsesión quienes se obstinaron en cuestionar la solvencia de la instrucción judicial del caso alimentando una delirante teoría de la conspiración y aún ayer continuaron poniendo en solfa los fundamentos de la sentencia del 11-M. La amenaza del terrorismo yihadista está demasiado presente en los países de mayoría musulmana y en las sociedades occidentales como para que la atención y la energía de la sociedad acaben dispersándose entre presunciones sin fundamento y la extensión de un manto de sospecha que afecta a las instituciones del Estado de Derecho. Las elucubraciones sobre las intenciones políticas inmediatas de sus brutales atentados o sobre sus fines últimos, que se aprovechan del carácter siempre enigmático de este tipo de terrorismo, no sólo tienden a minusvalorar su naturaleza eminentemente fanática y destructiva. Generan asimismo un nefasto desconcierto que en España ha conseguido afectar a una parte nada desdeñable de la opinión pública, lo que supone una excepción en los países democráticos que se han visto afectados por el terrorismo islamista. La amenaza yihadista resulta tan patente que precisa aunar todos los esfuerzos civiles e institucionales en una lucha sin cuartel contra la misma. Un compromiso compartido que encuentra en la memoria de los masacrados el 11 de marzo de 2004 su razón de ser más inexcusable.
