EDITORIAL
Luces y sombras
Las comparecencias ayer de la consejera del Gobierno vasco, del director general del Museo y de la diputada de Cultura en las comisiones del Parlamento y de las Juntas Generales de Vizcaya en relación con el desfalco descubierto en la sociedad Tenedora del Guggenheim han tenido sus luces y sus sombras. Luces, porque al menos se ha materializado el compromiso político e institucional de desarrollar mecanismos eficientes de rigor contable y financiero en toda la estructura societaria del Guggenheim, eliminando en el futuro las zonas oscuras que escapaban al control y a la información sobre cantidades importantes de fondos procedentes del erario público. Un compromiso que se debería extender también a la transparencia en las próximas compras de obras de arte y las cantidades pagadas por las mismas.
Pero también sombras, por una inexistente autocrítica ante todo lo sucedido y por la falta de aclaración de cuestiones que no sólo son necesarias para desbrozar el episodio, sino también para delimitar las eventuales responsabilidades. En concreto, se ha echado en falta un reconocimiento de los fallos cometidos y una explicación racional sobre la voluntad de opacidad mantenida durante mucho tiempo o, dicho de otra manera, sobre la negativa permanente de los responsables políticos y los gestores del Museo a permitir una auditoria externa e independiente sobre las cuentas de la Tenedora. Habría sido también necesaria otra explicación sobre la ausencia durante mucho tiempo de mecanismos de control, así como sobre la decisión de establecer durante más de diez años una gestión contable y financiera de índole personal, sin métodos de conciliación y de supervisión que limitasen el riesgo de fraude. No se entiende tampoco un método de fraude mediante el aumento de inversiones financieras que normalmente tienen rentabilidades ciertas en periodos concretos de vencimiento y es inconcebible la imposibilidad de identificar el titular societario de una cuenta a la que el defraudador desvió fondos, sobre todo cuando existen mecanismos registrales para ello. Dudas que, incluido el proceso que llevó a la confesión del culpable, han de ser aclaradas en un informe especial de investigación, que debe encaminarse a la delimitación de responsabilidades por acción u omisión, y cuya elaboración no debe ser de parte, sino más bien transparente y abierta a las sugerencias de los grupos parlamentarios.
Pero también sombras, por una inexistente autocrítica ante todo lo sucedido y por la falta de aclaración de cuestiones que no sólo son necesarias para desbrozar el episodio, sino también para delimitar las eventuales responsabilidades. En concreto, se ha echado en falta un reconocimiento de los fallos cometidos y una explicación racional sobre la voluntad de opacidad mantenida durante mucho tiempo o, dicho de otra manera, sobre la negativa permanente de los responsables políticos y los gestores del Museo a permitir una auditoria externa e independiente sobre las cuentas de la Tenedora. Habría sido también necesaria otra explicación sobre la ausencia durante mucho tiempo de mecanismos de control, así como sobre la decisión de establecer durante más de diez años una gestión contable y financiera de índole personal, sin métodos de conciliación y de supervisión que limitasen el riesgo de fraude. No se entiende tampoco un método de fraude mediante el aumento de inversiones financieras que normalmente tienen rentabilidades ciertas en periodos concretos de vencimiento y es inconcebible la imposibilidad de identificar el titular societario de una cuenta a la que el defraudador desvió fondos, sobre todo cuando existen mecanismos registrales para ello. Dudas que, incluido el proceso que llevó a la confesión del culpable, han de ser aclaradas en un informe especial de investigación, que debe encaminarse a la delimitación de responsabilidades por acción u omisión, y cuya elaboración no debe ser de parte, sino más bien transparente y abierta a las sugerencias de los grupos parlamentarios.
