El Correo Digital

La desaceleración económica, con un fuerte componente financiero, afecta directamente al mercado inmobiliario y al sector de la construcción, que durante años han sido motores importantes del desarrollo en España. Euskadi, aunque ciertas singularidades -menos peso de la segunda residencia y más vivienda de protección oficial- han amortiguado su impacto, ya empieza a notar el golpe, que se hace visible en la ralentización del mercado, la depreciación de los inmuebles, la disminución de las operaciones de compraventa y un goteo de cierres de empresas y negocios vinculados al sector. Y lo que es más grave, es ya patente en la situación de riesgo y de dificultad que padecen muchas familias ante el incremento constante del euríbor, que ronda ya el 5% -el nivel más alto en siete años-, y el paulatino endurecimiento de los bancos en la concesión de créditos. Si a ello se le suma un horizonte de mayor precariedad laboral, queda completo el cuadro de una dura realidad en materia de vivienda en la que las administraciones públicas deberán cobrar un mayor protagonismo, revisando sus políticas actuales, sin excluir un replanteamiento de las prioridades en protección oficial. La promoción pública, en su formato presente, ha permitido el acceso a un piso de muchas familias con recursos escasos para adquirirlo en un mercado disparado; pero como contrapartida ha reforzado una cultura de la vivienda en propiedad que está lastrando los proyectos de vida de muchos ciudadanos. Es más, ante dificultades como las que ya están encima, se hace evidente la importancia que hubiera tenido, para sortear la crisis, la existencia de un parque público suficiente de pisos de alquiler.

Los datos de Euskadi son reveladores del actual momento de declive, ya apuntado durante el pasado año y que diversos informes han puesto en evidencia. Si durante 2007 el alza del precio de la vivienda libre alcanzó en el País Vasco todavía un 5,1%, por encima de la media española -4,8%-, en los poco más de tres meses transcurridos del presente ejercicio se constata una tendencia al estancamiento o, cuando menos, a subidas por debajo del IPC, lo que supone un descenso de hecho. Una tendencia que se hace más palpable en los pisos de segunda mano, con caídas del precio en torno al 10%. Y ello pese a que las compraventas han disminuido de forma drástica -un 22,6% en el mes de enero-. La situación, ya preocupante en las tablas estadísticas, alcanza su veradera dimensión cuando se traduce al terreno individual o familiar. Y si bien no es previsible un desplome del mercado inmobiliario, la combinación de la limitación de recursos -ya es significativo el aumento de la morosidad- con los problemas para cerrar operaciones, vaticinan tiempos difíciles, que las instituciones concernidas deben ayudar a paliar.