El Correo Digital

Adela y su marido estaban «ilusionadísimos» con el nacimiento de su primera hija, pero una «imprudencia» en el parto truncó su deseo de ser padres. El ginecólogo que había seguido todo el embarazo acudió tarde a la clínica bilbaína donde ingresó la mujer y su sustituto se ausentó en el momento «clave», circunstancia que hizo que el bebé «sufriese una parada cardiaca irreversible». La niña fallecía dos días más tarde en el hospital de Basurto, centro al que fue trasladada «en situación de muerte cerebral». Tanto el ministerio fiscal como la defensa piden dos años de prisión para el facultativo titular por un «delito de homicidio imprudente», además del pago de 120.000 euros en concepto de indemnización «por los daños causados» al matrimonio.

Los hechos se remontan al 9 de abril de 2006, fecha en la que Adela, embarazada de 37 semanas, acude a la clínica San Sebastián por una «rotura prematura de membranas», según explica su abogado, Carlos Gómez Menchaca. La mujer es explorada en un primer momento por un ginecólogo diferente al que siguió su embarazo. El facultativo decide su ingreso para inducirle el alumbramiento. Una hora después, el especialista abandona la clínica, «momento a partir del cual el imputado pasa a ser el responsable del seguimiento de la evolución del parto», según señala la calificación fiscal. Todo transcurre con «normalidad» hasta que el registro practicado a la paciente a las 21.24 horas «refleja síntomas de posible sufrimiento fetal por la disminución de la frecuencia cardiaca».

«El imputado, sin embargo, no hizo un seguimiento personal de la evolución del parto de tal forma que no pudo ordenar ni preparar todo lo necesario para practicar una cesárea», añade el ministerio fiscal en su calificación. Cuando el facultativo acude a la clínica, procede a la extracción del feto mediante el fórceps, cuando hubiese sido «más rápido -a tenor del informe forense y teniendo en cuenta que la mujer presentaba en esos momentos una dilatación de seis centímetros-, haber realizado una cesárea». Finalmente, la niña nació con parada cardiaca.

Extracción del feto

Ante esta situación, la Fiscalía concluye que el acusado, al no encontrarse en la clínica durante la intervención del parto de su paciente, «hizo dejación de sus funciones, lo que impidió tener un conocimiento inmediato de los signos de sufrimiento fetal que revelaba el registro cardiográfico y actuar en consecuencia». La calificación también sostiene que, «una vez que el facultativo llegó al paritorio, debió haber practicado una cesárea por tratarse del método más rápido para extraer el feto».

Por este motivo, el ministerio fiscal y la defensa piden dos años de cárcel para el imputado y el pago de una indemnización de 120.000 euros. Pasado el «mal trago», la demandante volvió a quedarse embarazada meses después. Adela dio a luz a una «preciosa» niña en el hospital de Basurto, donde fue atendida «estupendamente» por el equipo de embarazos de riesgo «para su mayor tranquilidad».