Las quejas y los desencuentros son la tónica general en
el Ayuntamiento de Zaratamo, un pequeño municipio de
apenas 1.700 habitantes a caballo entre Arrigorriaga y
Basauri. Aquí, más que de los proyectos municipales se
habla, o se cuestiona, la gestión. Está en manos de los
cinco ediles de EA con su alcalde, Roberto Ibarretxe, a
la cabeza. El primer edil ha sido refrendado por los
votantes por segunda legislatura consecutiva, pero en el
municipio se dejan oír muchas críticas. Sobre todo en
los bancos de la oposición, ocupados por cuatro
concejales del PNV. El 10 de abril anunciaron que no
acudirán a los plenos.
Es la última escenificación del descontento de los
jeltzales con el modo de administrar las cuestiones
públicas del equipo gobernante. Censuran que la
actividad en el Consistorio va 'al ralentí' desde que
arrancó la legislatura y que han llegado a pasar cuatro
meses sin que se celebrase un solo pleno. No es la única
situación excepcional. Las asociaciones llevan dos años
sin subvenciones, los Presupuestos están prorrogados
desde 2004 y el Tribunal de Cuentas está realizando una
auditoría sobre la gestión económica. Además, el
Ayuntamiento tiene reclamaciones por valor de 3 millones
de euros -indemnizaciones a vecinos y empresas, juicios
y pagos pendientes...- y las arcas presentan un
'agujero' de 600.000 euros.
Basta acercarse a un pleno para comprobar la hostilidad
que se profesan los partidos enfrentados en Zaratamo.
Algunas sesiones se despachan en minutos, pero las
trifulcas son constantes y eclipsan a veces el orden del
día. Claro que ahora ya no habrá debate, porque los
peneuvistas han anunciado que no acudirán a los plenos
«hasta que no se incluyan contenidos reales» -no
asistieron al último, celebrado el día 10 de abril-. «Se
hurtan del debate político y al pueblo mil y una
cuestiones importantes. Nos tienen acostumbrados a una
política del desmadre y sin ninguna seriedad», se queja
el PNV.
«No falta un solo euro»
Mientras, desde las filas de EA se acusa a la oposición
de «buscar polémica donde no la hay y abonarse al acoso
y derribo». Esta «polémica» a la que se refieren desde
EA ha sido alimentada con una serie de hechos
excepcionales. Como que entre el mes de julio y
diciembre no se celebrase ningún pleno por la baja por
enfermedad del secretario del Ayuntamiento. O como que
la decena de asociaciones que hay en la localidad lleve
dos años sin subvenciones «porque no hay una normativa
que las regule».
«Sin ayuda peligran muchas de las actividades que
realizamos», lamentan los colectivos, que denuncian que
en el Ayuntamiento ni siquiera les reciben. «Es una
tomadura de pelo», zanjan.
A esta «desidia» municipal hacen también referencia los
residentes de Arkotxa. Cerca de allí mantiene su
actividad la empresa Outokumpu, que mantiene un litigio
con una veintena de vecinos a causa de los ruidos desde
hace una década. El Tribunal Superior del País Vasco ha
obligado al Consistorio a exigir a la metalúrgica que se
adecuara a la normativa, pero «el Ayuntamiento pasa de
todo, no se presenta a los juicios, ni contacta con
nuestro abogado. Es frustrante», explican los afectados.
Otra cuestión pendiente es la auditoría que el Tribunal
de Cuentas está realizando sobre la gestión económica
municipal. Lo hace a instancias del PNV, que el año
pasado denunció que hay un gasto de miles de euros «sin
justificar como se debe». También el secretario del
Consistorio ha mostrado su disconformidad con la manera
de administrar las arcas públicas, que tienen un
'agujero' de 600.000 euros. A su vez, confirma que hay
reclamaciones por 3 millones de euros. «Hay deuda, pero
todo está en regla, nadie podrá decir que falta un
euro», dice Eusko Alkartasuna.