PATXI BAZTARRIKA VICECONSEJERO DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Baztarrika dice que el decreto que obliga a grandes empresas
y comercios a contar con personal euskaldun es «acorde
con la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad vasca»
Baztarrika posa en el túnel que comunica dos edificios de Lakua, la sede del Gobierno vasco en Vitoria. / IOSU ONANDIA
Patxi Baztarrika ha destapado esta semana la caja de los truenos. La Viceconsejería de Política Lingüística que dirige ha elaborado, junto con el área de Comercio, un decreto que permite por primera vez al Gobierno vasco intervenir en el sector privado con el fin de impulsar el uso del euskera. La normativa ha suscitado una fuerte polémica porque obliga a grandes empresas y comercios a contar con personal euskaldun para atender a consumidores y usuarios en un plazo de dos a cuatro años. Baztarrika dice que se trata de garantizar que se cumplan los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
-¿Qué busca el Gobierno vasco con este decreto?
-Pretendemos garantizar a consumidores y usuarios el ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional y legal. La Administración tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que se materialicen. Que no sean papel mojado. Los excesos son malos, pero también las dejaciones porque impiden que esos derechos puedan ser ejercitados.
-Siempre ha defendido que los decretos no sirven para fomentar el uso de las lenguas. ¿Ha variado su discurso?
-En absoluto. Siempre hemos defendido la necesidad de un marco legal adecuado para desarrollar la política lingüística y que sea acorde con la voluntad de la ciudadanía. Este decreto es acorde con la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, de los consumidores y usuarios, y de las empresas y comercios afectados. No hay ningún decretazo.
-¿No es imponer intervenir en la empresa privada para que disponga de empleados euskaldunes?
-No se trata de imponer el uso del euskera, pero tampoco se puede impedir. Si empresas y servicios no están en disposición de atender en euskera, de facto estarían impidiendo el uso de una lengua oficial. Dicho de otra forma, indirectamente se estaría imponiendo el castellano porque se impide el uso de la otra lengua oficial. Y yo estoy en contra de la imposición de las lenguas, sea del euskera o sea del castellano.
-Pero, de hecho, se obliga a esas empresas a atender en euskera.
-El Gobierno vasco, con ese decreto, no obliga a ningún comercio ni a ninguna empresa a atender en euskera. Trata de garantizar que las grandes empresas estén en disposición de atender en euskera y castellano, no que lo hagan. Se reconoce a las personas consumidoras su derecho a utilizar cualquiera de los dos idiomas oficiales. No se inmiscuye en la relación entre el ciudadano y la empresa.
-¿Se trata de equiparar el uso de los dos idiomas?
-Hoy está asegurado el uso del castellano. De lo que se trata es de asegurar sin imponer -y sin impedir- que el ciudadano pueda elegir el idioma que quiera utilizar en esa relación. Hay más de 600.000 personas bilingües y tienen derecho a relacionarse en cualquiera de los dos idiomas.
-¿Han recogido una demanda real de la sociedad?
-Sin duda. Hagamos un ejercicio de imaginación. Que el 80% de la sociedad sabe euskera. ¿Qué ocurriría si las señales de aeropuertos, catálogos, páginas de empresas de transportes, comunicaciones de firmas de telefonía o billetes estuviesen sólo en euskera? ¿Sería aceptable, satisfactorio para el conjunto de la ciudadanía? Esto ocurre a más de 600.000 vascos bilingües: que los servicios se les ofrecen sólo en castellano. Yo creo que no es aceptable.
-No negará que ha suscitado una fuerte polémica.
-La reacción ha sido por la información sesgada que se dio en un principio. Me quedo con la respuesta positiva de los afectados. Me quedo con las empresas que han hecho ya un gran esfuerzo por usar el euskera, como Telefónica, Euskaltel o Vodafone, casas como Sony-Ericsson o Nokia, El Corte Inglés o la FNAC. Y lo hacen por dos razones, por su identificación con los valores de este país y por su interés económico, porque lo ven como una forma de mejorar su negocio: saben que la mayoría de la población menor de 24 años habla euskera.
«Flexible y progresiva»
-Supone un esfuerzo para las empresas. En la Administración se libera a los funcionarios para que se euskaldunicen a cargo del dinero público, no es lo mismo.
-¡No hablamos de una reserva india! Hablamos de grandes empresas y centros comerciales. Muchos ya van por delante, han adoptado medidas y cuentan con personal con conocimiento suficiente de euskera para atender al consumidor. No se trata de que tengan el título de EGA. Hemos elaborado el decreto con los pies en el suelo.
-¿De qué forma?
-Se aplicará de forma flexible y progresiva. Contarán con un plazo de 2 a 4 años, con la colaboración de las instituciones y una política de ayudas económicas. ¿Por qué no se ha generalizado a todas las empresas? Porque queremos ser acordes con las necesidades y la voluntad de la sociedad. Sólo afecta al 6,5% del sector del comercio.
-¿Primero se empezará por las grandes empresas y luego se pasará al pequeño comercio?
--El futuro es este decreto, que ha sido elaborado en un proceso largo, que se ha discutido con mucha gente y se ha tenido en cuenta muchas propuestas. Hemos puesto todas las cartas encima de la mesa, no nos guardamos ninguna.
-¿Habrá sanciones?
- Quiero evitar absolutamente la vía de las sanciones. De hecho, el régimen de sanciones no tiene desarrollo en la normativa. Ni me preocupa. Creo más en la vía de la colaboración, de la persuasión. Siempre habrá gente que no colabore. Sera necesario valorar cuál es la envergadura y razones del incumplimiento para adoptar las medidas necesarias, si llega el caso.
-Hay quienes temen modelo catalán, con cientos de sanciones al año a los comercios y clientes que denuncian a los establecimientos.
-No necesitaremos policía lingüística. La regulación catalana es la catalana y la nuestra es la nuestra. Son realidades lingüísticas diferentes. Pero deberíamos también fijarnos en la regulación del castellano.
-¿Cómo?
-El castellano cuenta con una gran protección y salvaguarda legal. Con una prolija legislación, desde leyes a decretos y órdenes que establecen la obligatoriedad de su utilización en ámbitos de relaciones de consumo y comerciales. En España está prohibido etiquetar y dar la información en productos de consumo si no es en castellano. No nos fijemos sólo en Cataluña.
-¿Cree de verdad que el decreto impulsará el uso de la lengua?
-Sin duda. Esto sirve para impulsar el uso, para mejorar la convivencia entre las dos lenguas y, en consecuencia, servirá para mejorar la convivencia en la sociedad. A mí lo que me ha sorprendido es que las reacciones desde las empresas afectadas son positivas y apuestan por la colaboración, y que las reacciones negativas sólo han llegado desde los partidos políticos.
-Ya se ha topado con el rechazo del PP y PSE.
-No quiero responder al PP, que lo califica de «fascismo puro», porque no quiero echar más leña al fuego del enfrentamiento que quiere alimentar Basagoiti. Nada bueno puede salir de ello ni para el euskera ni para la convivencia. De los socialistas vascos tengo la sensación, y lo lamento, de que ha habido una primera reacción sin conocer el contenido del decreto. Prefiero quedarme con las declaraciones de Fernández de la Vega, que considera que no habrá problemas con el decreto.
