L os últimos datos estadísticos reflejan un incremento sustancial de la inmigración en Euskadi, que en el último año prácticamente ha duplicado las entradas de los pasados ejercicios, hasta superar en un 25% la cifra récord de 2004. En una década, el País Vasco ha pasado de tener inscritos 15.130 extranjeros a contabilizar 116.650; es decir, ha multiplicado por siete su población foránea. Un proceso esperado por las condiciones socioeconómicas del País Vasco y por la propia evolución del fenómeno de la inmigración en España que, una vez saturados los primeros destinos -los grandes núcleos de Madrid y Barcelona y la franja mediterránea-, ha empezado su redistribución por otras zonas.
Hasta ahora, Euskadi mantenía cifras de inmigración muy por debajo de la media española -no llega a la mitad- y sólo en el último padrón superó el 5% de población extranjera. La tendencia apunta a que en apenas cinco años esta proporción se doble en una evolución sin duda positiva y no sólo por su evidente carga de solidaridad. La inmigración, que siempre ha sido motor del desarrollo vasco, es ahora más necesaria que nunca para resolver los acuciantes desajustes demográficos y, consecuentemente, económicos que condicionan el futuro inmediato del país. La intensificación del fenómeno migratorio en Euskadi coincide, y no es casualidad, con una crisis que ha golpeado antes y más en el resto de España. Este hecho ha acelerado el previsible proceso de 'reacomodo' de los flujos en busca de destinos más viables, en una reorientación bien recibida por la economía vasca. Confebask lleva meses advirtiendo del grave problema con que se puede encontrar Euskadi si no es capaz de resolver sus carencias de mano de obra y, en particular, de personal con una mínima cualificación. Un 'déficit humano' que se extiende a otros sectores de la actividad productiva y que alcanza a servicios básicos como la sanidad, la educación y todo lo relacionado con la ley de dependencia. Y Euskadi, de manera endógena, no puede cubrir esta demanda.
El gran reto de las instituciones y autoridades, con el apoyo de organizaciones empresariales y sociales, es alentar esta inmigración necesaria, pero manteniendo el alto grado de regulación -más del 70%- que singulariza a Euskadi. Una cualidad que ha favorecido la integración y que, de preservarse, restaría conflictividad cuando el azote de la crisis se haga notar. Las encuestas revelan un alto grado de tolerancia de los vascos hacia la inmigración, pero también apuntan ciertos recelos -la vivienda protegida es su mayor expresión- que podrían convertirse en focos de tensión si con las dificultades se impone la imagen del extranjero como 'competidor'. Frente a ello no hay más camino que la dignificación del inmigrante. Y eso supone control de los flujos, una regularización estricta y la plena normalización, con derechos y deberes, de su ciudadanía.
