POLÍTICA
Socialistas y populares ven en la consulta de Ibarretxe un intento por hacer revivir
el Pacto de Lizarra, de cuya firma se cumplen diez años el próximo viernes
Foto de familia de los representantes del acuerdo de Lizarra, entre ellos Joseba Egibar, Rafa Larreina y Arnaldo Otegi, en el primer aniversario de su firma. / TELEPRESS
Con la perspectiva histórica que empieza a dar el paso de dos lustros, nadie ignora que el Pacto de Lizarra, firmado el 12 de septiembre de 1998 en la localidad navarra del que tomó su nombre, supuso un antes y un después drástico en la situación política vasca, ya de por sí convulsa y extraordinariamente compleja.
Mientras los partidos y sindicatos nacionalistas saludaban el acuerdo como el punto de arranque de un nuevo tiempo de esperanza que debía desembocar en la paz definitiva, expectativa que se vio reforzada por la tregua indefinida anunciada por ETA casi a la par, el día 16, sus iguales del campo no nacionalista denunciaron hasta la extenuación el intento por arrinconarlos, la traición que a su juicio suponía llegar a acuerdos con el brazo político de ETA y, por ende, con la propia banda terrorista, marginando a quienes más habían padecido el clima de terror impuesto por los violentos.
El aturdimiento que en un primer momento provocó ver a representantes del PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua firmando un acuerdo que pretendía ser de alcance histórico junto a Arnaldo Otegi, se tornó profunda amargura conforme avanzaron los meses y terminó destrozando en mil pedazos las confianzas y complicidades políticas que tanto costó tejer durante las dos décadas anteriores en el mismo momento en que ETA volvió a asesinar, en enero de 2000.
El secuestro de Blanco
La unidad sin fisuras frente al desvarío etarra, que alcanzo su paroxismo con el secuestro y posterior asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, dio paso, en poco más de un año, a una división sin precedentes entre las fuerzas políticas democráticas vascas. El PNV, que había apoyado en 1996 la investidura de José María Aznar haciendo explícito su deseo de ir reforzando ese compromiso a lo largo de la legislatura, minimizaba aún en vísperas del acuerdo de Lizarra, por boca del entonces presidente del EBB, Xabier Arzalluz, los desacuerdos existentes con el Gobierno popular en materia de terrorismo. Se buscaba dar «cauce» a las áreas de discrepancia constatadas para que no degeneraran en «consecuencias no deseadas por ninguno», según declaró en aquel entonces el máximo dirigente jeltzale.
No obstante, el que en aquella época era secretario general del PP vasco, Carlos Iturgaiz, está convencido a día de hoy de que «Arzalluz y Ardanza tenían en mente establecer una dinámica de acercamiento a ETA desde la etapa final del pacto de Ajuria Enea, cuando ya nos advertían de que ése era el camino que siempre había trazado el PNV». En ese contexto, considera, con un deje de amargura indisimulado, que Lizarra supuso «el mayor acto de traición que se podía haber perpetrado», cuyo objetivo final consistía «en echar a los no nacionalistas del País Vasco».
De forma paradójica, fue un acuerdo con vocación integradora, pergeñado para superar un conflicto histórico, el que inspiró el pacto firmado en Estella. Así, la primera parte del documento que vinculó a 23 fuerzas políticas, sindicales y sociales vascas aludía a los factores que habían propiciado el acuerdo de paz de Irlanda del Norte para pasar a establecer, a continuación, las bases sobre las que se pretendía asentar en Euskadi un proceso de similares características.
El elemento clave venía a ser la voluntad compartida por todos los firmantes de avanzar hacia un nuevo marco jurídico-político que tuviera sus pilares en el reconocimiento de la territorialidad y del llamado derecho a decidir.
Aun con esas premisas, el dirigente de EA Rafa Larreina, firmante del pacto, subraya que la vocación de Lizarra fue, desde el comienzo, la de «sumar voluntades». «El frentismo era algo ajeno a nosotros -recalca-, porque quisimos incorporar a todos al acuerdo, mientras desde los aparatos del Estado, por temor a que el conflicto vasco se solucionase a través de la política, se puso en marcha una operación de los servicios de inteligencia para contrarrestar la potencialidad de Lizarra a través de lo que terminaría llamándose frente constitucionalista».
Surge Euskal Herritarrok
La izquierda abertzale hizo de la necesidad virtud para llegar a ese punto de encuentro. La atroz agonía de Miguel Ángel Blanco había sacado a las calles de Euskadi a un gentío sin precedentes para exigir su liberación, en un primer momento, y condenar a los asesinos y a sus cómplices, una vez consumado el crimen. Los radicales, acostumbrados hasta entonces a enseñorearse del espacio público, observaron atónitos la marea humana que los repudiaba como nunca antes.
A finales de 1997 la mesa nacional de Herri Batasuna se encontraba en la cárcel y la presión ejercida en todos los frentes llevó al mundo radical a buscar una salida que le diera cierto grado de legitimidad política. Un año después, Euskal Herritarrok, conglomerado surgido inmediatamente después de Lizarra para sumar al conjunto de fuerzas de la izquierda abertzale, había logrado 223.000 votos en las elecciones autonómicas de octubre, incrementando su peso en la Cámara vasca de once a catorce parlamentarios.
Patxi Zabaleta, miembro muy destacado de Herri Batasuna primero y de Euskal Herritarrok después, ejerció en aquellos días de intermediario con el partido socialista para invitarle a sumarse al proceso abierto. «Nos fue imposible hacer ver al PSOE las potencialidades del acuerdo y su cerrazón fue uno de los motivos del fracaso de aquella iniciativa, junto a la cesión de Aznar ante el inmovilismo de Mayor Oreja y, por supuesto, a la falta de aguante de ETA», resume el ahora dirigente de Aralar.
Larreina pone el énfasis en que Lizarra «no fue una improvisación y partió de la constatación del fracaso de todas las iniciativas anteriores para lograr la paz, de la necesidad de no quedarse con los brazos cruzados». Así, su partido participó en 170 reuniones entre el verano de 1997 y el de 1998 para llegar al acuerdo final. «También hubo un intento por acercar posiciones en el Gobierno vasco tripartito compuesto por PNV, PSE-EE y EA, pero, al final, los socialistas se descolgaron por puro interés electoralista entre las protestas, entre otros, de Rosa Díez», apostilla.
Muy distinta es la visión del dirigente socialista Rodolfo Ares, quien califica de «terrible error» aquel intento de «acumulación de fuerzas nacionalistas de la mano de quienes justificaban y amparaban a los terroristas». Niega con rotundidad que el PSE-EE tuviera interés en fomentar la política de frentes y cita como prueba de ello el esfuerzo de los socialistas en todo este tiempo por buscar acuerdos transversales y superar el trauma que generó Lizarra.
Vuelta atrás
En el campo nacionalista la unidad de acción, concretada, por ejemplo, en la creación de Udalbiltza en septiembre de 1999, galvanizó a sus bases sociales como en pocas ocasiones precedentes, aunque el espejismo terminara de forma abrupta con ETA haciendo públicos los compromisos supuestamente acordados e incumplidos por el PNV y a los jeltzales negando la versión de la banda. El 3 de diciembre los terroristas rompieron la tregua y el 21 de enero siguiente asesinaron en Madrid al teniente coronel Pedro Antonio Blanco mediante la colocación de un coche bomba.
PNV y EA, unidos con Euskal Herritarrok en el Parlamento vasco por un acuerdo de legislatura, no pudieron sostener más la situación tras el atentado que costó la vida al dirigente socialista Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez. La manifestación celebrada en Vitoria para protestar contra ese crimen se convirtió, de forma descarnada, en fiel reflejo de la división y las tensiones acumuladas desde la firma del pacto.
Iturgaiz afirma que el proceso que llevó a Lizarra continúa vigente diez años después, «porque el PNV prefiere diseñar el futuro del País Vasco con la izquierda abertzale, con ETA en definitiva, antes que hacerlo con las fuerzas constitucionalistas». «En cuanto pueden vuelven a las andadas -agregaa el eurodiputado vasco del PP-, y la consulta anunciada por Ibarretxe supone dar vueltas sobre el proyecto que se gestó en Lizarra».
Similar es la percepción de Ares, quien ve «a algunos, incluido el lehendakari», intentando sumar todo el voto nacionalista por medio de las iniciativas que está planteando en torno al derecho a decidir.
Zabaleta analiza el presente bajo otros parámetros: «La mayor parte de la izquierda abertzale oficial comulga con los principios expresados hace diez años por Euskal Herritarrok, pero los nexos generados por la solidaridad hacia los presos, por la protesta frente a la dispersión de los mismos y por los casos de tortura imposibilitan que eso florezca». «Las torpezas del Estado son la garantía de la pervivencia de ETA», sentencia.
