El PSOE y el PP pondrán hoy negro sobre blanco una lista de nombres que simboliza mucho. Tras casi dos años de disputa, harán pública su selección de candidatos para integrar el Consejo General del Poder Judicial, que permanecía en funciones desde el 7 de noviembre de 2006. El acuerdo, pactado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en su encuentro del pasado julio en La Moncloa, es el mejor exponente de un nuevo clima parlamentario. Los portavoces socialista y popular en el Congreso, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, apuraron ayer las negociaciones para cerrar las listas de nombres, ya que la propuesta del nuevo consejo debe presentarse a las ocho de esta tarde, según el compromiso alcalzado entre Zapatero y Rajoy.
El órgano de gobierno de los jueces no es en absoluto ajeno a la vida política. No sólo porque sus veinte miembros se eligen por mayoría de tres quintos en las Cortes Generales, sino porque entre sus funciones está también la de emitir informes sobre anteproyectos de ley gubernamentales y este cometido ha provocado más de una fricción en el pasado. El Consejo que ahora preside el conservador Francisco José Hernando afeó la ley de violencia de género, puso pegas al matrimonio homosexual y criticó la creación de consejos autonómicos de Justicia y el Estatuto catalán pese a que, en muchos casos, el Gobierno ni siquiera había reclamado su opinión.
Ahora toca un presidente progresista. No lo eligen las cámaras sino el Gobierno, que sopesa varios nombres. Uno de ellos es el de la magistrada catalana de la Sala de lo Civil del Supremo Encarna Roca. En su búsqueda de una mujer, Zapatero también se planteó recurrir a la ex secretaria de Estado de Interior Margarita Robles, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, pero esta opción levantaba ampollas. En la terna hay además varios hombres. No en vano, el Ejecutivo ha encontrado serias dificultades en dar con féminas que cumplan con el perfil deseado en un mundo aún muy masculino. Entre ellos están el presidente de la Sala Primera del Supremo, Juan Antonio Xiol, y el magistrado de la Sala Quinta Ángel Juanes.
En todo caso, lo que se conoce hoy es sólo el nombre de los vocales. El pacto sellado por el presidente y Rajoy en La Moncloa determinó que cada partido elegiría a nueve y dejarían los otros dos al criterio de PNV y CiU. Estos últimos son los únicos que están claros. Serán para la ex diputada Margarita Uría y Ramón Camp, vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña y ponente del Estatut.
Doce de los miembros del nuevo CGPJ tienen que ser jueces y deben formar parte de la lista de 36 candidatos propuestos por las asociaciones de magistrados hace ya dos años, cuando hubiera correspondido renovar el consejo. Los socialistas barajan los nombres de Miguel Carmona, Inmaculada Montalbán, Margarita Robles, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Torres Vela y Félix Azón. Salvo Arrieta, adscrito a la Asociación Francisco de Vitoria, todos son de la progresista Jueces para la Democracia.
Por parte del PP, se habla de Manuel Alménar, Miguel Collado, Pío Aguirre, Concepción Espejal y Gemma Gallego. Ésta última viene acompañada de cierta polémica porque fue la instructora del caso del ácido bórico, uno de los soportes de la 'teoría de la conspiración' sobre el 11-M. Además, los populares también consideran a la juez Beatriz Granda que, a diferencia de los anteriores, no forma parte de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ni de ninguna otra asociación judicial y fue elegida por más de 300 votos de sus pares para integrar la lista de 36. Se ha especulado también con el diputado vasco Ignacio Astarloa, aunque parece descartado por el rechazo que provoca en las filas socialistas.
Alonso y Sáenz de Santamaría apuraron ayer los últimos coletazos de la negociación. Los dos portavoces hablan de un ambiente de lealtad mutuo. A ninguno de los dos partidos mayoritarios les interesa aparecer como los responsables de un desacuerdo en la Justicia.