Álava se ha quedado sola en su rechazo a los parques eólicos proyectados por el Gobierno vasco. Así se constata en el documento que el Departamento de Industria ha enviado al Parlamento, y que mantiene la tramitación para levantar aerogeneradores en Cruz de Alda, Arkamo e Iturrieta, tres emplazamientos rechazados por la Diputación alavesa al considerar que se ubican en zonas protegidas al ser catalogadas como Red Natura 2000.
La renovación del Plan Territorial Sectorial (PTS) de la Energía Eólica, como adelantó EL CORREO, cuenta con el plácet de una amplia mayoría de los agentes que han participado en la revisión de la legislación, es decir, los departamenos vascos de Industria y Medio Ambiente, las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel). Sólo el Ejecutivo foral alavés se ha quedado fuera del texto consensuado.
Éste, en líneas generales, argumenta la imposibilidad de buscar emplazamientos diferentes a los previstos, pero obliga al Gobierno vasco a realizar una evalución conjunta de impacto ambiental del PTS con la contraprestación de que no se paralice la vía administrativa -el proyecto de los parques ya está adjudicado desde finales de abril-. Con este acuerdo, la última palabra se deja en boca de la consejería vasca de Medio Ambiente, que deberá emitir el informe final sobre el impacto de los molinos.
Oposición de Mintegi
Ahora, todas las miradas apuntan a la Diputación alavesa, una institución que rechazó apoyar el nuevo documento en la reunión celebrada el pasado día 17 en Vitoria. El principal valedor de este veto es el diputado de Medio Ambiente, Mikel Mintegi (EA), quien avalado por los técnicos forales, ha pedido la paralización de estos proyectos por su «impacto crítico» sobre el entorno natural donde se levantarán.
Pero EA es un socio minoritario dentro del tripartito foral nacionalista, así que no es descartable que en próximas semanas, el Gabinete liderado por el peneuvista Xabier Agirre dé un giro de 180 grados para sumarse al consenso generalizado.
Lo más paradójico, sin embargo, es la postura de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, que tras firmar un informe conjunto con Álava en el que se pedía que no se construyeran parques sobre zona catalogada como Red Natura 2000, como éste es el caso, deciden posicionarse con Industria tan sólo unos días después de decir lo contrario.