Batasuna no ha encontrado eco a sus demandas en Europa, el último recurso que le quedaba para buscar el fin a su destierro en las urnas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha confirmado su ilegalización tras seis años de procesos judiciales, en una sentencia que considera a esta marca de la izquierda aber-tzale «un instrumento de la estrategia terrorista de ETA» y censura con extrema dureza la actitud de sus representantes. «Un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias reglas de la democracia o que busca su destrucción y el desconocimiento de los derechos y las libertades que ésta reconoce, no puede aprovecharse de la protección de la Convención Europea de Derechos Humanos». Éste es el párrafo más contundente con el que los magistrados cierran la puerta de la política al mundo ideológico de HB hasta que no se desvincule de la violencia.

En su primer pronunciamiento sobre formaciones independentistas proscritas en España por no desmarcarse públicamente de ETA, la Corte comunitaria reconoce por unanimidad que la disolución era «una necesidad social imperiosa», en línea con la apuesta del Gobierno central, consagrada en la Ley de Partidos de 2002, de dejar fuera del juego político a un grupo al que acusa de estar supeditado a la banda armada. Según el fallo judicial, el objetivo de la coalición que lideraba Arnaldo Otegi era «completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública». Para ello, añade la sentencia, el partido ilegalizado «pretendía instaurar un proyecto político, contrario en esencia a los principios democráticos defendidos por la Constitución española».

La resolución, notificada ayer a las partes, es interpretada en círculos políticos y judiciales como un significativo aval a la Ley de Partidos, nacida durante la segunda legislatura de José María Aznar, en un mandato con mayoría absoluta. Con el respaldo de PP y PSOE, esta normativa declaró ilegal a Batasuna en 2003 y se convirtió en la piedra angular de la política antiterrorista seguida desde entonces por los sucesivos gobiernos centrales bajo la doctrina de que ETA no son sólo los comandos, sino los grupos de su entorno que se demuestre que dan cobertura a la banda. Ésta es la tesis que ha defendido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en sus instrucciones a lo que considera el paraguas civil y político de la organización terrorista.

Argumento desmontado

El TEDH rechaza de plano el argumento esgrimido por la izquierda radical de que el Estado español pretendía «expresamente» con esa ley «eliminar» su discurso a favor de la independencia y prohibir ideas; esta última tesis también era defendida por el nacionalismo democrático. El Tribunal de Estrasburgo sostiene que las ilegalizaciones no violaron el derecho a la libertad de expresión y asociación, consagrado en los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

«Otras formaciones separatistas coexisten de forma pacífica en distintas comunidades autónomas», alega en un dictamen que sienta un precedente para otros recursos pendientes sobre ilegalizaciones de la misma marca. Éste es el sombrío panorama electoral que ha pintado la Corte comunitaria, máxima instancia judicial en la defensa de las libertades individuales, a los sucesores de Batasuna si no condenan a ETA. Todo apunta a que el fallo les deja fuera de la próxima cita con las urnas: las municipales de 2011, tradicionalmente su plaza fuerte en unos comicios vascos. Es en estas alcaldías donde la izquierda abertzale radical aún conserva cierto poder político y de gestión, tras su exclusión del Parlamento vasco y de otras instituciones en las que Aralar, corriente nacida en ese mismo sector ideológico, pero que en cambio exige el fin del terrorismo, ha ido progresivamente mejorando su representación.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da carta de naturaleza a las ilegalizaciones en tres dictámenes conocidos ayer. Las declaraciones de mayor peso están recogidas en la resolución con la que desestima los recursos que habían presentado Herri Batasuna y su sucesor, Batasuna, en contra de la disolución decretada por el Tribunal Supremo español. Sin embargo, la Corte europea también rechaza las demandas planteadas por dos agrupaciones afines a los partidos ilegalizados: Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) y Herritarren Zerrenda, candidaturas proscritas en 2003 y 2004. En ambos casos el argumento empleado por los magistrados europeos es que «sería inútil» prohibir el concurso de un partido si «de facto puede proseguir» su actividad a través de otras plataformas.

Recursos pendientes

No será la única causa de un partido abertzale que tenga que resolver el mismo tribunal. Deberá hacer frente a numerosos recursos similares de otras tantas listas ilegalizadas que también han acudido a la Justicia comunitaria. Junto a Batasuna, HB y EH, existen otras formaciones que no han recibido el visto bueno de la Justicia, entre ellas, Sozialista Abertzaleak y Aukera Guztiak. Al parecer, los grupos proscritos tienen la posibilidad de recurrir a la 'gran Sala'.

El Tribunal de Derechos Humanos ampara las ilegalizaciones dictadas por la Justicia española al asegurar que las prohibiciones de las candidaturas electorales fueron «proporcionadas al fin legítimo perseguido», con especial mención al «mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de derechos y libertades». Los magistrados consideran que la negativa a condenar expresamente la violencia de ETA puede entenderse como «una actitud de apoyo tácito al terrorismo, cuando el resto de partidos muestran su repulsa sin ambages. «Teniendo en cuenta la situación existente en España después de muchos años de atentados, especialmente en la región políticamente sensible que es el País Vasco, esos vínculos pueden ser objetivamente una amenaza para la democracia», advierten en su resolución.