SOCIEDAD
Unas 340 personas trabajan en la central, otras 300 en contratas estables
y cerca de 400 en actividades relacionadas con la planta
El valle de Tobalina, con la central al fondo. / IGOR AIZPURU
Un millar de puestos de trabajo -entre empleos directos e indirectos- quedarán en el aire cuando, dentro de cuatro años, cierre la central nuclear de Garoña, seis antes de lo solicitado por Nuclenor, la empresa propietaria y en la que participan Iberdrola y Endesa. El Gobierno ya ha avanzado, con todo, su intención de promover un plan socioeconómico para la zona y de garantizar la continuidad de puestos de trabajo para los trabajadores.
De los empleos, 340 corresponden directamente a Nuclenor. 290 de ellos trabajan en Garoña y cerca de 50 en Santander, donde la firma tiene sus oficinas centrales: la dirección general, la gestión técnica y la administración. Entre 250 y 300 personas más pertenecen a al menos una veintena de contratas estables, que cubren áreas como el mantenimiento, los apoyos eléctrico y mecánico, sin contar los 40 ó 50 trabajadoras de la empresa de limpieza Eulen que trabajan en la planta.
Entre el personal indirecto, que la empresa y sindicalistas de la planta elevan a una cifra cercana a los 400, figuran transportistas, encargados del funcionamiento del comedor -al que acuden diariamente unas 500 personas- y las plantillas de algunas firmas externas de ingeniería, una de ellas ubicada en Miranda de Ebro.
Las paradas
Este apartado sufre incrementos notables cada vez que toca hacer una parada de recarga, cuando llegan a entrar cada día a la planta hasta 1.900 personas, 1.300 de ellas para este tipo de tareas puntuales, que se prolongan durante un mes. Pero, en general, es personal de firmas muy especializadas que trabajan en toda España y van afrontando la misma operación en las diferentes centrales nucleares.
A esta pérdida de puestos de trabajo habría que sumar el impacto económico que genera la instalación en el Valle de Tobalina, en donde se levanta Garoña -sólo en impuestos, paga al Ayuntamiento 1,1 millones al año, la tercera parte del presupuesto municipal- y en todo el norte de la provincia de Burgos. Nuclenor cifra en 23 millones de euros el importante capítulo del empleo, pero suma también otros 11 millones por compras o contrataciones realizadas en la provincia.
En total, un impacto de 35 millones anuales. Una cifra que, multiplicada por las diez anualidades, elevaría a 400 los millones que dejaría en la zona la luz verde a la central para diez ejercicios más, y quc serán 140 si la prórroga se limita a cuatro, con independencia de las medidas económicas que adopte el Ejecutivo y el tiempo que puedan prolongarse las labores para la clausura de las instalaciones.
Una tercera pata de las grandes cifras en juego en este escenario, junto al debate sobre la seguridad y la idoneidad de las centrales nucleares como fuente de energía, se ventila en torno a las cuantiosas inversiones realizadas desde la puesta en marcha de Santa María de Garoña en 1971 y, en fechas más recientes, el esfuerzo previsto para los próximos años para reforzar su seguridad.
Nuclenor calcula que ha invertido hasta 370 millones de euros desde finales de los años 80 -más de 150 en la última década, período del actual permiso de funcionamiento, y casi 20 sólo en el último ejercicio- para la modernización, puesta al día y desarrollo tecnológico de la central. Un despliegue que ha permitido, según los técnicos, sustituir más de la mitad de los componentes y equipos, y realizar más de 2.5000 modificaciones en el diseño original de la instalación. Nuclenor tiene, además, aprobadas otras inversiones por valor de 50 millones de euros para los próximos dos años.
Un esfuerzo que ha buscado adaptar la central a los nuevos requisitos exigidos y tenerla al día. La vasija del reactor, el edificio que lo acoge, así como a la piscina que almacena el combustible nuclear gastado, y los sistemas eléctrico y de alimentación han centrado el esfuerzo modernizados durante estos años.
Mejoras limitadas
Si la prórroga hubiera sido para diez años, al dinero ya gastado habría que sumar otros más de 100 millones de euros, costo previsible para las mejoras que ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear en esa hipótesis. Inversiones que no parece vayan a ser necesarias si la actividad sólo va a seguir cuatro años más. En el actual caso, las modificaciones exigidas son más limitadas: un nuevo cableado, con dos sistemas de alimentación diferenciado, la sustitución de los sistemas de tratamiento de gases y de ventilación y otras mejoras técnicas.
A la vista de la magnitud de estas cifras -nunca ratificadas de forma oficial por la empresa titular-, y en el fragor dialéctico desatado estos días, fuentes del sector nuclear han dejado entrever que las dos compañías propietarias, Iberdrola y Endesa, acudirían al Tribunal Supremo para reclamar al Gobierno hasta 1.000 millones de euros en caso de cierre prematuro de la central. Millones que tratarían de cubrir, según esos medios, tanto la indemnización por las inversiones realizadas y aún no amortizadas como la pérdida de flujo de caja que dejaría de generar la planta en los próximos diez años.
