Garoña Prórroga hasta 2013
Advierte de que puede poner en peligro las multimillonarias inversiones
previstas durante los próximos años en el parque nuclear español
Vecinos de Miranda, en el pleno que trató sobre el cierre de la central./ AVELINO GÓMEZ
Era previsible. La confirmación de que el Gobierno cerrará la central de Garoña en 2013 provocó ayer la indignación del sector eléctrico español, que replicó con una gran virulencia y no dudó en calificar la decisión como una «auténtica irresponsabilidad».
La industria energética no se limitó a utilizar calificativos para valorar lo ocurrido. Fue más allá y advirtió de que la determinación del Ejecutivo constituye un «peligroso mensaje político» que podría sentar doctrina para la clausura del resto de las plantas atómicas españolas cuando cumplan los 40 años de vida. Si ese escenario se materializara, podría poner en peligro las multimillonarias inversiones previstas para este sector durante los próximo años -unos 200 millones de euros cada ejercicio-, así como unos 30.000 puestos de trabajo, según alertan fuentes consultadas por EL CORREO que, no obstante, garantizan que la seguridad de esas instalaciones «está garantizada por delante de cualquier otra consideración».
Iberdrola y Endesa, propietarias al 50% de Garoña a través de Nuclenor, evitaron ayer pronunciarse directamente sobre la resolución del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No lo harán hasta que hayan analizado en detalle la orden ministerial que recoge la prórroga hasta 2013. Sin embargo, sí trasladaron al Ejecutivo su profundo malestar.
En el sector eléctrico existe la absoluta convicción de que la clausura obedece «exclusivamente» a una «decisión política». «No se entiende de otra forma que se actúe así con una central segura, en perfectas condiciones y viable», se lamentan los medios consultados, que muestran su sospecha de que la prórroga durante cuatro años tiene su origen en que esas instalaciones están cargadas «a tope» de combustible. Si no hubiera sido así, existe la sensación de que el cierre hubiera podido adelantarse en el tiempo.
Así las cosas, al margen de los datos aportados ayer por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, aún quedan importantes cuestiones por despejarse en torno a este asunto. Podrían estar recogidas en la orden ministerial que concreta el cierre y que se hará publica hoy o mañana.
Uno de esos elementos es la inversión que deberán realizar los dueños de Garoña durante los cuatro año que le queda de vida y que, al parecer, no ha sido especificada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Lo que está claro es que Iberdrola y Endesa no pondrán ninguna pega a las condiciones económicas que se impongan. De hecho, ayer se conoció que Nuclenor prevé invertir en esa planta 50 millones de euros hasta 2013, cantidad que había sido fijada por el CSN en el supuesto de que la central se mantuviera activa hasta 2019.
Acciones legales
Nuclenor también cargó ayer contra la decisión del Gobierno y la tachó de «arbitraria» y «carente de justificación», ya que la planta «se encuentra modernizada y actualizada con fuertes inversiones anuales y su seguridad ha sido avalada por el CSN». En base a esa argumentación, la sociedad titular de Garoña anunció que acudirá a los tribunales para defender sus derechos y exigir indemnizaciones por daños y perjuicios.
Por su parte, el Foro de la Industria Nuclear Española defendió que el cierre de la central burgalesa es «un grave error», una «frivolidad política» y una «manifiesta irresponsabilidad».
