La aprobación por el Gobierno de un programa de ayudas directas para la compra de motocicletas incide en la política de subvenciones para tratar de frenar el impacto de la crisis en actividades económicas sensibles. Las compañías del sector podían sentirse lógicamente desplazadas en el apoyo que las administraciones han prestado ya, por ejemplo, al automóvil ante el desplome del mercado. Pero la extensión de las ayudas públicas no sólo compromete los cada vez más restringidos recursos comunes, sino que puede generar situaciones de agravio hacia las áreas empresariales que no se beneficiarán de las mismas.
Opinión
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