El encuentro que ayer celebraron en Pamplona el lehendakari de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el presidente de la Comunidad Foral de Navarra, acompañados de miembros destacados de sus gobiernos, tiene el doble valor de lo simbólico y de lo operativo. En el aspecto simbólico, se inscribe en la línea de gestos que ha emprendido el Ejecutivo de Patxi López para convertir en normal lo que hasta ahora podía parecer anormal o extraordinario. A esta última categoría pertenecían, sin duda, las relaciones entre las comunidades vasca y navarra, en las que la evidente necesidad de entendimiento y de cooperación no había podido con frecuencia ser atendida por la desconfianza y el recelo que se interponían entre sus representantes. Hacía trece años que no se producía un encuentro de estas características.
Es cierto que la dificultad no era sólo debida a la torpeza o a la mala voluntad de los agentes concretos que debían gestionar las relaciones. Obedecía también a causas objetivas. Merced a los condicionamientos de diverso tipo que se dieron en el período constituyente, la relación que había de establecerse en el futuro entre las dos comunidades no quedó del todo definida en los textos legales. Así, tanto el artículo 2 del Estatuto de Gernika como la disposición transitoria cuarta de la Constitución, amén del singular procedimiento seguido por la Comunidad foral a través de la vía del Amejoramiento, podían dar lugar a una interpretación de provisionalidad que, además de ser muy poco coherente con la reconocida personalidad de Navarra, en nada favorecía ni la estabilidad de las instituciones ni la normalidad de sus relaciones. Unas complejidades de base que se agudizaron hasta el límite con el giro soberanista de los mandatos de Juan José Ibarretxe, traducido en un plan que el Ejecutivo foral calificó de injerencia, cuando no de agresión; y que tuvo su reflejo en la falta de contactos al más alto nivel.
En este contexto, la afinidad en la concepción del modelo autonómico de los actuales responsables de los gobiernos vasco y navarro debería servir para disipar prejuicios y malentendidos, y encauzar las relaciones sobre criterios de funcionalidad, operatividad y lealtad política. De este modo, caminando por la vía de los intereses comunes, que son muchos e importantes, podrán ir superándose los recelos recíprocos que hasta ahora han impedido el establecimiento de unas relaciones normalizadas. El convenio que ayer se firmó en torno a asuntos que, como el euskera, el transporte y las infraestructuras y la televisión, se habían creído en otros tiempos intratables por demasiado sensibles, constituyen, sin merma de la importancia intrínseca que sin duda tienen, un signo muy esperanzador de la disposición que abrigan ambos gobiernos en orden a intensificar la cooperación hasta donde lo demanden los deseos y los intereses de los ciudadanos. Un paso decisivo hacia la normalidad.