L os tres kilos de cloratita que hizo explotar ETA contra la sede del PSE en Durango, sin aviso previo, resumen el único y criminal ideario de una banda terrorista que cumple medio siglo matando y amenazando. Se trata de su séptimo atentado del año, el tercero desde que Patxi López accedió a la Lehendakaritza y el segundo contra una agrupación socialista, tras el del pasado mes de febrero en Lazkao, una más de la larga serie de bombas contra las 'casas del pueblo'. Un paroxismo asesino que acabó con la vida del policía nacional Eduardo Puelles hace apenas tres semanas. ETA no tiene más respuesta a su derrota política, policial, judicial y, sobre todo, social que mantener una cadencia de destrucción que la haga presente. Y en su deriva es indiferente al clamor ciudadano, a la unánime repulsa del Parlamento vasco e, incluso, a la contundencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no sólo ha convalidado la ilegalización de sus franquicias políticas sino que ha catalogado la decisión como 'necesidad social'.

La actuación de los concejales de ANV en Durango, ausentándose de la junta de portavoces en la que el resto de formaciones -PNV, PSE, PP, EA y Aralar- consensuaron una nota de condena del atentado, muestra de manera evidente la cobardía y el desapego, cuando no la connivencia, con que la izquierda abertzale radical presente en las instituciones afronta la vulneración de derechos humanos que sufren sus conciudadanos. Una 'cosificación' que es el caldo de cultivo del enquistamiento terrorista y que aún sigue presente, aunque de forma cada vez más minoritaria, en la sociedad vasca. Es precisamente ante crímenes como el de ayer cuando se comprueba el nulo valor de los pronunciamientos de los líderes abertzales y sus apelaciones a soluciones dialogadas, como si entre el terrorismo y las instituciones democráticas, entre la violencia y el Estado de Derecho, se pudiera entablar algún tipo de relación. Frente a este núcleo duro e impermeable a los estragos de las bombas no existe más opción que el aislamiento cívico, el arrinconamiento legal y la acción judicial. El terrorismo etarra no es la consecuencia ni el efecto de un conflicto político. Es un atroz ejercicio de totalitarismo que no tiene más salida que la extinción. Y para ello no hay mejor estrategia que la constante y eficaz actuación policial.