El Gobierno vasco ordenó ayer realizar catas y análisis en el terreno de Zabalgarbi para determinar el «origen» y el «alcance» de los crecientes niveles de contaminación aparecidos en el subsuelo de la incineradora. El departamento de Medio Ambiente ha solicitado a la Agencia Vasca del Agua que extraiga diversas muestras que permita establecer un diagnóstico preciso de los problemas detectados en algunos puntos de la planta. Una vez elaborado dicho informe, llegaría el momento de adoptar las medidas que se estimen oportunas, añaden los mismos medios, antes de rechazar que se contemple la suspensión temporal de actividades de la instalación mientras no se comprueben los nuevos datos a fondo.
La decisión del Ejecutivo autonómico -representado en Zabalgarbi a través del Ente Vasco de la Energía- de solicitar muestras en los terrenos de la incineradora se produce apenas dos días después de que se conociese el crecimento en la presencia de ciertos metales pesados, cloruros y un aumento en la conductividad en el suelo. Según fuentes especializadas, los niveles de sustancias tóxicas aparecidos «no suponen, por ahora, un perjuicio para la salud pública». Pero la acumulación de elementos contaminantes, añaden los mismos medios, podría acabar afectando a todo el terreno de la planta y al propio canal de Ordunte, que discurre a varios metros de profundidad. El Ayuntamiento de Bilbao, en este sentido, garantizó la salubridad del agua y Zabalgarbi restó trascendencia al asunto y aseguró que los parámetros detectados son menores de los permitidos en la legislación de aguas subterráneas.
Estos índices de toxicidad aparecieron en dos piezómetros (puntos de medición de varios metros de profundidad) que se encuentran próximos al horno y al depósito de residuos de la planta. El pasado jueves este diario publicó una fotografía tomada en un taller colindante al vaso de basuras que, según denunció el PP, evidencia un déficit de estanqueidad en el mencionado depósito. Y, ayer, el viceconsejero de Industria, Xabier Garmendia, volvió a señalar en esta dirección al reconocer que es posible que existan problemas en este punto de la infraestructura.
En declaraciones a los periodistas, Garmendia comenzó su intervención reclamando prudencia. El responsable recalcó la necesidad de «profundizar» en los datos aparecidos y señaló que todavía es «pronto» para extraer conclusiones. En esta misma línea, adelantó que será necesario realizar una radiografía completa del estado de Zabalgabi antes de adoptar las «medidas» que resulten necesarias.
34% de los residuos
Garmendia, sin embargo, sí apuntó la posibilidad de que exista un problema de «filtraciones» en el foso de residuos. En este sentido, preguntado por los pocos años de vida de Zabalgarbi, el viceconsejero manifestó que resulta «relativamente atípico» el hecho de que la instalación tenga este tipo problemas habiendo sido inaugurado en 2004.
Los niveles crecientes de sustancias tóxicas detectados en diversos puntos de Zabalgarbi -que el pasado año convirtió en electricidad el 34% de los residuos urbanos de Vizcaya- han provocado diversas reacciones en instituciones, asociaciones y grupos políticos. La Diputación, que posee el 20% de las acciones de la planta, adelantó que ha pedido explicaciones al consejo de administración de Zabalgarbi. El PP, por su parte, solicitó la paralización de actividades hasta que se resuelvan los problemas hallados en distintos puntos del terreno y la instalación. «Algunos quieren rebajarlo y es un inmenso error», recalcó el portavoz popular en Juntas Generales, Carlos Olazábal.
El PSE y EB, que también mostraron su «preocupación» por el incremento de toxicidad en los terrenos de la planta, solicitaron la comparecencia del diputado de Medio Ambiente, Iosu Madariaga, para que explique lo que ocurre en la incineradora. El apoderado socialista Isaac Fernández destacón «importancia» de los hechos acontecidos e insistió en que se deben dar explicaciones sobre el asunto. EB, que en 2001 ya advirtió sobre la alta permeabilidad del terreno y llevó a los tribunales la declaración de impacto ambiental, calificó de «preocupante» la posible «repercusión» que este incremento en la contaminación podría tener «sobre el canal de Ordunte y la salud de las personas».