Las familias afectadas por los derribos de Cantabria llevan años recorriendo un laberinto administrativo de diseño infernal. Como saben, esta gente tuvo la mala idea de comprarse una casa en urbanizaciones más o menos veraniegas y bucólicas situadas en lugares como Argoños o Arnuero. Antes de hacerlo, claro, comprobaron que todos los papeles estaban en regla.
Los problemas comenzaron cuando se descubrió que eran las administraciones que expendían aquellos papeles las que no estaban demasiado en regla, concretamente los respectivos ayuntamientos y el Gobierno de Cantabria. Los ecologistas denunciaron la situación de las urbanizaciones playeras y los jueces comenzaron a hablar de construcciones ilegales, de planes de ordenación urbana de inspiración marbellí y de licencias tirando a piratonas.
Lo siguiente que dijeron los jueces fue que había que derribar las casas. Entonces los propietarios se organizaron y comenzó una guerra mediática, política y judicial que llega hasta hoy, cuando sabemos que el Gobierno cántabro ha presentado, al fin, su plan de actuación sobre los derribos. Es la última esperanza para los propietarios y parece que, dentro de lo que cabe, el plan les ha gustado. La Comunidad propone legalizar dos tercios de las casas amenazadas y compensar con viviendas alternativas a los propietarios de los inmuebles que no puedan esquivar el mal carácter de las excavadoras.
Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria quien tiene la última palabra. La penúltima quizá la tienen los ecologistas, que ya han anunciando su oposición total al proyecto del Gobierno. En su opinión, ni una sola de las viviendas sobre las que pesan sentencias de demolición debe ser indultada. Todo dependerá de la decisión que adopten los jueces. Mientras ellos estudian, reflexionan y deliberan, nosotros no podemos dejar de mirar la foto con la que el Gobierno cántabro ha ilustrado la portada de su plan: una preciosa puesta de sol en la costa. Con la que han liado. Una puesta de sol. Menudo humor.
