«Inexplicable», «contradictorio». Las empresas propietarias de la flota atunera vasca recibieron ayer como un jarro de agua fría el cambio de normativa publicitado en repetidas ocasiones por el Gobierno de Zapatero para proteger a los barcos que faenan en el Índico y frenar el acoso de los piratas. Y es que después de que el Ejecutivo central anunciara la opción de poder contratar a empresas de seguridad comunitarias -con amplia experiencia en conflictos armados y ex militares de élite en sus filas-, el Real Decreto emitido ayer por el Ministerio de Presidencia niega esta posibilidad y obliga a las compañías pesqueras a recurrir únicamente a firmas de vigilancia españolas.
«Desde el Gobierno nos aseguran que sí hay oferta, pero nosotros, a priori, dudamos de que en España exista personal adiestrado para cubrir este tipo de misiones. En breve iniciaremos una ronda de contactos con las compañías de seguridad para valorar si verdaderamente nos garantizan el personal que consideramos que está preparado para repeler un ataque pirata en alta mar. Con la que está cayendo en el Índico, no podemos arriesgarnos a embarcar a vigilantes sin experiencia», manifestó ayer Julio Morón, director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores Opagac.
Las empresas armadoras vascas solicitaron al Gobierno central que les permitieran embarcar en sus buques a escoltas privados de países de la Unión Europea, en tanto los españoles completan su formación. La orden publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, sin embargo, sólo les autoriza a contratar personal adiestrado en el manejo de armas de guerra que pertenezca a las compañías inscritas en el registro correspondiente de Interior. «Todo es contradictorio. Por una parte, no nos dejan embarcar a los militares cuyos servicios estábamos dispuestos a pagar y por otra, se prestan a correr con parte de los gastos que nos acarree la contratación de seguridad privada», reprochó Morón.
Según la normativa que regula la prestación de seguridad a bordo de los buques de bandera española, los agentes podrán defenderse con metralletas o fusiles de asalto con un calibre inferior a 20 milímetros. Asimismo, se establece que las armas serán adquiridas exclusivamente a distribuidores, comerciantes, firmas comerciales o fábricas legalmente establecidas en territorio nacional y expresamente autorizadas por el Ministerio de Defensa. «La empresa de seguridad tendrá que pedir autorización para comprar dichas armas a Interior, que luego pedirá informes a Defensa», explicaron desde el Ejecutivo central.
La nueva orden también establece que, durante la prestación del servicio, los vigilantes serán «responsables de la adecuada utilización, custodia y conservación» del armamento. Los escoltas, por tanto, deberán estar en posesión de la correspondiente licencia de armas de un año de validez, además de contar con la formación suficiente en el conocimiento y manejo de las mismas. «Harán un uso limitado del armamento, que tendrá como único objeto la prevención y disuasión eficaz de posibles ataques, pudiendo ser utilizadas, en caso de necesidad», destaca el texto.
La primera dotación de vigilantes que protegerá a un atunero de pabellón español concluirá su formación este viernes y pondrá rumbo de forma inmediata al océano Índico. Fuentes del sector confirmaron que el equipo está formado por ocho escoltas, que están siendo entrenados en protección marítima de alto riesgo y se encargarán de la seguridad de uno de los 15 pesqueros sin guardas de seguridad que faenan en aguas somalíes
«Incompetencia»
Cuando se cumplen ya 33 días del secuestro del atunero vasco 'Alakrana', familiares de los 36 tripulantes cautivos lamentan sentirse «tan informados como el primer día», según aseguró ayer Antonio Costas. «Se cumple un mes y no sabemos nada», añadía el hermano del marinero gallego Pablo Costas.
Desde Bermeo, el alcalde de esta localidad no descarta realizar un nuevo llamamiento a la población para movilizarse en solidaridad con las familias, «que me consta que lo están pasando muy mal», subrayó. Xabier Legarreta lamentó la «incompetencia» tanto del Gobierno español como del vasco en el desarrollo del caso 'Alakrana'. Precisamente ayer, el lehendakari, Patxi López, pidió a la Unión Europea una política «más coordinada, más decidida y más eficaz» que garantice la seguridad de los pescadores que faenan en la pesquería del atún en las aguas internacionales frente a la costa de Somalia.
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