La oferta diseñada por la BBK para hacerse con Caja Castilla-La Mancha (CCM), rechazada el martes por el Banco de España en favor de la propuesta de Cajastur, contenía elementos novedosos en este tipo de operaciones. El plan pergeñado por el presidente de la entidad vizcaína, Mario Fernández, y su equipo no contemplaba la petición de ayudas y planteaba segregar la institución manchega en dos bancos, uno 'bueno' y otro 'malo', según ha podido saber EL CORREO en fuentes del sector. El primero pasaría a convertirse en filial de la Bilbao Bizkaia Kutxa, que mantendría el 100% de su capital. El segundo, que previsiblemente acabaría siendo liquidado, sería gestionado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Minutos después de conocerse la decisión del supervisor financiero de apoyar la absorción de CCM por parte de Cajastur, Fernández -quien no recibió ninguna comunicación previa del organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez y se tuvo que enterar de la trascendental medida por la Prensa- declaró a este periódico: «Estamos muy tranquilos. Hemos hecho la mejor oferta que podíamos cumpliendo los criterios que nos habíamos fijado».
Dos de esos criterios eran que la operación no pusiera en peligro la excelente situación de la caja vasca y que ésta mantuviera el mando sobre la entidad resultante. «Jamás pondré en riesgo el control de la BBK por parte de la sociedad vizcaína», advirtió semanas atrás el presidente de la caja.
La fórmula ideada por el propio Fernández, uno de los más prestigiosos abogados mercantilistas de España, permitía cumplir ambas premisas. La BBK -que oficialmente mantiene un mutismo total- propuso al Banco de España segregar CCM en un banco 'bueno' y en otro 'malo'. El primero, llamado Banco CCM, tendría su sede en Castilla-La Mancha, lo que permitiría conservar la identidad y la marca de la caja intervenida el pasado marzo. Su puesta en marcha se materializaría a través de un banco de nueva creación -la entidad vizcaína desistió finalmente de utilizar la ficha de Arca, su banco en Francia-, al que se traspasaría los activos y pasivos financieros de la firma manchega. Se convertiría en filial al 100% de la BBK , que contemplaba aportar hasta 600 millones de euros de capital al mismo.
Alejar el peligro
De forma paralela se crearía un banco 'malo', en el que se aparcarían una serie de activos muy peligrosos -básicamente, créditos dudosos-, así como los de la corporación industrial de CCM. La Bilbao Bizkaia Kutxa se desvinculaba y proponía que ese banco, que previsiblemente sería liquidado, fuera gestionado por el Fondo de Garantía de Depósitos. A cambio, la caja vizcaína no solicitaba ni un euro en ayudas al FGD.
La propuesta de la BBK guarda importantes similitudes con la de Cajastur, pero también notables diferencias. La caja asturiana, que recibirá 1.300 millones de euros en ayudas, convertirá a CCM en un banco. Para ello la integrará parcialmente en su grupo mediante la cesión de los activos y pasivos que forman su negocio bancario en el Banco Liberta, filial de Cajastur y que ahora tendrá su sede en la comunidad manchega. La institución financiera asturiana controlará el 75% y cederá el 25% restante a Caja Castilla-La Mancha, que seguirá gestionando tanto la Obra Social como la cartera de participaciones industriales.
Obra Social y empleo
En este capítulo, la Bilbao Bizkaia Kutxa planteaba crear una fundación encargada de desarrollar la Obra Social de CCM que tendría su sede en la comunidad autónoma. Otro aspecto importante ha sido el relativo al empleo en la caja castellano-manchega, que cuenta con una plantilla cercana a 3.000 personas. La propuesta de la BBK contemplaba la puesta en marcha de un importante ajuste, aunque confiaba en poder realizarlo en su mayor parte sin necesidad de aplicar medidas drásticas y a través de prejubilaciones.
Mientras, el plan de Cajastur para integrar CCM ha despertado recelos en los partidos de la oposición y los sindicatos, que lo ven como una privatización de la entidad y dudan sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo. La reacción más dura provino ayer del PP, cuyo viceportavoz en el Congreso, Arturo García-Tizón, advirtió de que el traspaso del negocio de CCM a Banco Liberta podría ser «un fraude de ley».
Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, sostuvo que el proyecto supone la privatización de CCM, lo que será en su opinión un referente «lamentable». En esa misma línea se pronunciaron los sindicatos, que mostraron su cautela por las incertidumbres que todavía pesan sobre la integración, especialmente en materia de empleo.
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