La promotora inmobiliaria iurbentia solicitó ayer en un juzgado de Madrid la petición voluntaria de procedimiento concursal -lo que tradicionalmente se conoce como suspensión de pagos-, debido a la imposibilidad de continuar con la actividad. De fondo, la crisis inmobiliaria, las tensiones surgidas entre los accionistas y las acusaciones sobre supuestas irregularidades en la gestión de esta sociedad, que presidió el constructor vizcaíno Jabyer Fernández hasta el pasado mayo. La firma, que carece de plantilla, ha convocado para hoy una junta de accionistas.
La decisión se ha adoptado dos meses después de que una filial, iurbenor, presentase suspensión de pagos tras haber renunciado a ejecutar la promoción inmobiliaria más ambiciosa que se ha planteado en los últimos años en el País Vasco: la construcción de 2.000 viviendas en el municipio vizcaíno de Barakaldo sobre los terrenos de la antigua empresa Sefanitro. La empresa había adquirido una importante proyección pública no sólo por la trascendencia de esta iniciativa en la Margen Izquierda del Nervión, sino también por haber ligado su nombre al Bilbao Basket, equipo de baloncesto al que esponsorizó durante varias temporadas.
Créditos bancarios
Las deudas declaradas por la compañía se evalúan en torno a los 30 millones de euros y fuentes consultadas por EL CORREO señalaron ayer que son créditos impagados a entidades bancarias. En el activo de la sociedad, indicaron los mismos medios, figuran algunos terrenos en diversas localidades españolas adquiridos con el objetivo de promover la construcción de viviendas. Como consecuencia de la crisis del sector, estos terrenos han experimentado una notable depreciación de su valor y no permitirían cubrir la deuda bancaria.
Según consta en la página web de la empresa, iurbentia había iniciado promociones en Zaragoza, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, 'atrapadas' en medio del parón de ventas experimentado desde principios de 2008. La operación más ambiciosa, el desarrollo de las 2.000 viviendas en Barakaldo -proyecto al que se denominó Puerta Bilbao- ya había recibido su particular 'carpetazo' el pasado enero. Ante la imposibilidad de seguir adelante con él y también de obtener recursos para soportar la financiación del suelo que había sido adquirido a Sefanitro, el grupo alcanzó un acuerdo con las dos entidades acreedoras, BBK y La Caixa. Ambas cancelaron sus créditos con la promotora a cambio de la titularidad de los terrenos.
La liquidación de esa operación generó el primer conflicto público en el seno de iurbentia. Varios socios y miembros del consejo de administración de la sociedad, entre ellos el presidente del Athletic de Bilbao, Fernando García Macua, presentaron una demanda contra el empresario Jabyer Fernández, que había ocupado la presidencia desde la creación de la promotora. La razón fundamental de esta demanda fue el destino de los 43 millones de euros correspondientes al IVA de la venta de los terrenos de Barakaldo, que según las declaraciones de los demandantes se habían destinado a financiar otras empresas del grupo constructor que posee Fernández. Los querellantes estimaron que se había producido una «apropiación indebida» por parte del presidente.
Maraña judicial
Desde el pasado mayo se ha generado una auténtica maraña judicial en torno a este emporio inmobiliario, que ayer dio un nuevo paso en el camino hacia su liquidación definitiva. La Diputación inició actuaciones contra el grupo para exigir el pago de las deudas de IVA, al tiempo que Fernández solicitaba un aplazamiento que le era denegado. Por otra parte, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, dictada con posterioridad a la venta de los terrenos de Barakaldo, ha reducido el volumen de edificabilidad de los mismos, lo que ha provocado también una demanda de Neinor, sociedad inmobiliaria controlada por la BBK.
En junio, los socios de Fernández -posee el 45% de las acciones de la promotora, mientras el resto del capital social está repartido entre más de 50 accionistas-, decidieron asumir el control de la sociedad con el objetivo de intentar «salvar lo máximo posible». El empresario Miguel Aguirre accedió entonces a la presidencia pero, apuntan las fuentes consultadas, el paso del tiempo ha permitido llegar a una conclusión muy negativa: la viabilidad de la empresa se ha revelado «imposible», al tiempo que los socios buscan también que los jueces analicen las responsabilidades de los gestores de la compañía en el procedimiento concursal. En la constitución de iurbentia y en posteriores ampliaciones de capital, los socios aportaron 36 millones de euros a la promotora.
m.alvarez@diario-elcorreo.com
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