La decisión de General Motors de no vender Opel al fabricante de componentes Magna, tras meses de negociaciones con los gobiernos y sindicatos concernidos por el futuro de la empresa y una vez se habían comprometido ayudas de Estado y planes para recortar las plantillas, ha suscitado un comprensible estupor en los países europeos que albergan instalaciones de la marca. Aunque el cambio de interlocutor obligará a los dirigentes políticos y a los representantes sindicales implicados a revisar toda una estrategia diseñada para conservar el mayor número de puestos de trabajo e impedir tentaciones de deslocalización de las factorías, no parece admisible ni volver al punto de partida ni rebajar las condiciones mínimas obtenidas de Magna. No obstante, si la marcha atrás ha estado motivada por el avance del mercado del automóvil en Europa y las jugosas ayudas estatales prometidas, la irritación de la Comisión Europea y de los ejecutivos nacionales -en especial, el alemán- puede acabar condicionando el nuevo acuerdo con General Motors. La convocatoria de huelga promovida desde las factorías germanas y la consideración de la maniobra del gigante estadounidense como inaceptable por el Gobierno de Merkel presagian un endurecimiento de las posiciones.
Si algo ha terminado de acreditar la frustrada operación con Magna es la necesidad de configurar un marco de solución europeo para el sector del automóvil, que concilie los diferentes objetivos nacionales y facilite su encaje con los de las multinacionales radicadas fuera de la UE. La credibilidad de General Motors, ahora altamente cuestionada, depende de que su nueva disposición se base en criterios económicos y sin imponer condiciones inesperadas sobre la localización de las plantas o la integridad de las plantillas. El Gobierno español tiene ante sí el reto de poner en valor en el ámbito europeo una factoría como la de Figueruelas, que ha formado parte integral de General Motors en los últimos 27 años.
