María Teresa Fernández de la Vega preguntó ayer a Mariano Rajoy por qué se gastó 10 millones de euros del «erario público» cuando dirigía el Ministerio del Interior en el sistema de escuchas SITEL si consideraba que era ilegal. La vicepresidenta primera hizo una cerrada defensa de esta aplicación informática y acusó al PP de haberse embarcado en una campaña «irresponsable» para sembrar «sombras de dudas» y «sospechas» sobre «todo el sistema judicial» a cuentas de sus ataques contra los 'pinchazos'.
La 'número dos' del Ejecutivo explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que el SITEL cumple con «todas las garantías» jurídicas y se enmarca en la «más estricta legalidad». Tras recordar que el Supremo ha avalado la validez legal de este sistema de escuchas, señaló que esta herramienta es «similar» a la que usan las policías de otros países europeos y destacó que el sistema ha tenido una «importancia decisiva» en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada.
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